La alternativa que estudia la Autoridad Portuaria para evitar la venta de los muelles interiores con el fin de costear la construcción del puerto exterior consiste en la recepción de ayudas estatales mediante la fórmula que permite el Reglamento del 15 de febrero de 2017 del Parlamento y el Consejo Europeo, que las autoriza siempre que se cumplan una serie de condiciones. El presidente del Puerto, Enrique Losada, expuso esta fórmula a la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, durante la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 10, aunque ninguna de las dos partes proporcionó información sobre cómo prevé articular esta iniciativa para que reciba el visto bueno de las autoridades europeas, que rechazan toda clase de ayudas de los estados que impidan la libre competencia.
El reglamento europeo de 2017 aborda la prestación de servicios portuarios y establece unas normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos. En uno de sus artículos, señala que la Comisión Europea debe determinar "en consulta con todos los interesados, qué inversiones públicas en infraestructuras portuarias están incluidas en el ámbito de aplicación del reglamento" con el fin de decidir cuáles no son subvencionables por los estados.
Para ello, según el reglamento, debe tenerse en cuenta "la naturaleza no económica de determinadas infraestructuras, incluidas las de acceso y defensa". La normativa detalla las categorías de ayudas estatales que pueden recibir los puertos y sitúa entre ellas la de finalidad regional, las destinadas a las pymes para la inversión y acceso a la financiación, la protección del medio ambiente, la investigación, la formación, la contratación y empleo de trabajadores desfavorecidos o con discapacidad, la reparación de los perjuicios causados por determinados desastres naturales, para el transporte de residentes en regiones alejadas, infraestructuras de banda ancha, cultura y conservación del patrimonio, infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales y, finalmente, infraestructuras locales.
La falta de información sobre cuál de estas categorías podría servir de marco a la Autoridad Portuaria para intentar aliviar la cuantiosa deuda que soporta por la construcción del puerto exterior, situada en torno a los 300 millones de euros. La justificación aportada en su día para la creación de una nueva dársena en punta Langosteira, la eliminación del riesgo ambiental que suponen las instalaciones portuarias de Repsol y las descargas de graneles sólidos, podría servir al Puerto para optar a incluir las ayudas que solicite en la categoría de protección del medio ambiente.
El reglamento de la Unión Europea incluye en este apartados las medidas para subsanar, reducir o prevenir daños ambientales y para impulsar un uso más eficiente de los recursos naturales, así como fomentar el ahorro energético y el uso de fuentes de energía renovables. La normativa establece que la ayuda máxima que se podrá recibir en esta categoría es de 15 millones de euros por cada proyecto de inversión, lo que limitaría las posibilidades del Puerto de reducir su deuda.
Las ayudas regionales a la inversión ofrecen mayores posibilidades en este sentido, ya que la cuantía máxima fijada es de 100 millones, aunque la Autoridad Portuaria debería justificar que con ellas se apoya una inversión inicial o el lanzamiento de una nueva actividad económica.
