Dos personas físicas y dos personas jurídicas bajo lupa judicial. Son los investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña que, tras una denuncia de Fiscalía por hechos puestos en su conocimiento por e Concello, ve indicios de delito en la actuación de los antiguos gestores de la concesión del restaurante y el ascensor del Monte de San Pedro. Son trece años de un contrato siempre polémico por las pérdidas de la arielita, que se sumaron a las críticas por los sobrecostes de su construcción.
ELa concesión. El Gobierno de Francisco Vázquez firma con Miramar de San Pedro, en 2005, un contrato administrativo por el que la empresa asume la concesión de un dominio público, la construcción de un restaurante y su explotación y la prestación de los servicios de funcionamiento, limpieza y vigilancia del ascensor y el mirador. El BNG calculaba en 2006 que, entre costes, sobrecostes y la obtención de los terrenos necesarios, la construcción de la arielita y la cúpula había supuestos unos 16 millones de euros. La puesta en marcha del complejo siguió horadando el agujero de las arcas municipales. En virtud del contrato firmado, el concesionario ingresa las entradas vendidas y, a final de año, tiene que presentar una liquidación y un informe que la justifique. El contrato dicta que, "en caso de que la cifra de explotación sea negativa, el Concello cubrirá el déficit de explotación resultante". La concesionaria sí tiene que asumir el coste de 3.000 visitantes por explotar el restaurante.
ELas primeras sospechas. Hasta 2012, ningún gobierno municipal puso objeciones a las cuentas que le presentó la empresa. Ni en los últimos años del PSOE en solitario, entre Vázquez y Javier Losada, ni en el bipartito ni en los primeros años del PP se cuestionó la liquidación presentada por la empresa. Pero los populares desconfiaron de las cuentas de 2013 y comenzaron a pedir documentación adicional en 2014. Es el momento en el que se inicia una revisión económica que ha concluido con el actual Gobierno municipal, con el objetivo de comprobar si la concesionaria estaba, artificialmente, inflando el déficit, que por contrato cubre el erario municipal. En septiembre de 2014, la concejal de Interior, Rosa Gallego, deja constancia en un escrito de que la empresa no ha entregado los cuadrantes de los trabajadores, que redujo a mitad de año, de ocho a seis, por lo que cree necesario revisar dichos turnos. Duda también de parte de las facturas presentadas por Miramar de la subcontrata de limpieza y vigilancia Rúa Real SL, señalada ahora por la Fiscalía junto a la titular de la concesión.
Gallego ve "oportuno" requerir al concesionario que presente la misma documentación de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para revisar la cuenta de explotación de dichos ejercicios y acreditar su fiabilidad. Desde ese momento, el Concello exige en diversas ocasiones documentación a la empresa, identificando a Juan Antonio Roade como representante de la sociedad. Le reclaman cuadrantes y también las facturas de las subcontratas de los cuatro ejercicios bajo sospecha.
Hay un cruce de comunicaciones. Roade solicita que se le abone con efecto inmediato el déficit de 2013, que considera acreditado, y rechaza enviar los documentos de los tres ejercicios anteriores. Considera que la exigencia no está justificada y se debe a "un exceso de celo fiscalizador". Advierte de que incumplirá su parte si no se le abonan las cantidades adeudadas.
ECruce de comunicaciones. La dinámica de enfrentamientos entre Concello-concesionaria continúa tras el cambio de Gobierno, repitiendo exigencias ambas partes. Se prolonga durante año y medio. En diciembre de 2015, el jefe del Servicio de Medio Ambiente concluye que, con la documentación reunida durante el anterior mandato y los primeros meses de Marea, "pese a los requerimientos de información, no está suficientemente acreditada la fiabilidad y veracidad de las cuentas de explotación de 2013". Dicho informe, que también atiende a advertencias del Interventor, pone el foco en anomalías en la justificación de gastos de Miramar.
ELos excesos detectados por el Concello y la reducción del déficit. En abril de 2015, Rosa Gallego remitió a Medio Ambiente un escrito en el que advertía de desfases en las cuentas. Miramar de San Pedro, exponía, había declarado ante el Ayuntamiento el pago de 202.457 euros a la empresa de limpieza Rúa Real Coruña. La Administración municipal acudió al registro mercantil y comprobó que la cifra de negocio total declarada por esta empresa en 2013 fue de solo 182.235 euros, inferior a lo que Miramar dijo haberle pagado. Por otro lado, el Concello reprochó que determinase un precio por hora de trabajo de vigilancia y limpieza "sin ningún tipo de fundamento": 18 euros por hora cuando el Concello paga 12-13 en dependencias municipales; y 19,5 de limpieza cuando el Concello abona 11-13. También chirrió que la empresa declarase que se limpiaba ocho horas diarias durante 350 jornadas, "no suficientemente acreditadas". En febrero de 2016, el Concello ordenó a Miramar revisar las cuentas de 2013 rebajando el precio por horas. Con los nuevos criterios de contabilidad, el déficit se recortó a la mitad, de los 409.810 euros que demandó inicialmente a los 201.809 que el Ayuntamiento acordó abonarle en 2016.
EEn los juzgados, con imputados. El Concello reclamó la devolución del exceso de déficit y la concesionaria que no se retenga el pago de los ejercicios en cuestión. Además del Contencioso, la concesión ha llegado a lo Penal. El Concello envió las sospechas de irregularidades a la Fiscalía y esta apreció indicios de delito en la actuación de la concesionaria y de la subcontrata Rúa Real, que llegaron a compartir cargos. Tal y como adelantó este periódico, Instrucción número 5 ha abierto diligencias y declarado como investigadas a dos personas físicas y dos empresas por un posible "delito de estafa continuado".
