La Fiscalía solicitó a principios de noviembre al Ayuntamiento documentación sobre el concurso público convocado para la compra de vivienda destinada a alquiler social, dentro de la investigación penal abierta a raíz de una denuncia del Partido Popular. En sus diligencias, la Fiscalía también ha tomado declaración a empleados municipales que participaron en el concurso.
El Ayuntamiento remitió la documentación a la Fiscalía el 13 de noviembre, cuatro días después de recibir el requerimiento. Así consta en el expediente de anulación de la compra de uno de los seis pisos, que ayer aprobó la Junta de Gobierno Local.
El acuerdo cumple la directriz del Consello Consultivo de Galicia, que había ordenado la anulación de dos compras por incumplir las bases del concurso, las dos señaladas por el PP por ser de un firmante del manifiesto fundacional de Marea Atlántica. El Consultivo, además, reclamó la revisión de la adquisición de las otras cuatro por si no se ajustaran al pliego.
El Concello tramita, en total, la anulación de cinco pisos y asume que en el concurso se cometieron errores, aunque niega que fuesen para beneficiar a algún licitador. Los funcionarios que compusieron el tribunal encargado de evaluar las ofertas defendieron en un escrito su labor y negaron haber sufrido injerencias políticas.
