El pleno aprobó ayer la modificación del presupuesto municipal, prorrogado del año pasado, en 14 millones. Marea Atlántica y PSOE votaron de manera afirmativa y PP y BNG se abstuvieron, por lo que se aceptó el rechazo de alegaciones, una de la concejala nacionalista y otras tres de expropiados del Castro de Elviña, pendientes de recibir una indemnización municipal dictada por los tribunales. La compensación que sí se abonará con esta variación del documento financiero es la del denunciante del edificio Fenosa, que percibirá 2,9 millones tras el acuerdo judicial entre las partes. Además, también se pagarán las ayudas correspondientes a este año a las entidades sociales.
La concejala de Facenda, Eugenia Vieito, reprochó que no se pudieron aprobar unos presupuestos para este año "por intereses electorales" y la portavoz del PP, Rosa Gallego, denunció que el "matrimonio de conveniencia" de PSOE y Marea Atlántica „que pactaron el cambio„ se volverá a repetir tras los comicios "si les dan los números". Pese al acuerdo, la líder socialista Yoya Neira acusó de "inacción" al Gobierno local durante el mandato y pidió que los ediles asuman "las consecuencias" de su gestión. La concejala del BNG, Avia Veira, defendió la "necesidad" de los proyectos incluidos en las alegaciones que hizo al documento financiero, como la reforma del registro municipal de María Pita o las obras en el centro social García Sabell, en Elviña.
Todos los grupos de la oposición exigieron que el Ejecutivo local haga pública la liquidación del presupuesto del año pasado, que debería haberse presentado, afirmaron todas las portavoces, el pasado 28 de febrero. Vieito afirmó que está pendiente del cierre de cuentas de las entidades dependientes del Concello, como Emalcsa. "¿Qué se encontrará el siguiente gobierno?", se preguntó Gallego, que criticó, también en conjunto con el PSOE, el incumplimiento del período de pago a proveedores. Solo en dos meses del último año, criticaron ambos grupos, se abonaron las facturas en los 30 días marcados por ley, a lo que la edil de Facenda apuntó que "casi todas" las administraciones lo hacen.
