15 de mayo de 2019
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Cuentas detectó en Langosteira contratos ampliados u otorgados a dedo sin justificación

Ha ordenado depositar una fianza para cubrir el posible daño a las arcas públicas y puede pedir responsabilidades, como en Gijón, si se advierte dolo, culpa o negligencias graves

14.05.2019 | 23:03
Enrique Losada con Macario Fernández-Alonso, en la toma de posesión del primero, en mayo de 2009.

El Tribunal de Cuentas somete a juicio contable el desarrollo de punta Langosteira, con las sospechas sobre el desvío de sus previsiones y la pérdida de dinero debido a posibles irregularidades en la política de contratación, documentadas por el órgano en sus informes. Concluye que han supuesto un menoscabo para los caudales públicos. La investigación preliminar que ahora motiva el enjuiciamiento denunció contratos en contra de la normativa europea, ampliaciones de contratos en favor de las empresas sin justificación, falta de transparencia en la valoración de concursos, renegociación de contratos para incluir a un profesional concreto, reiteración de adjudicaciones a dedo a una misma empresa y a un catedrático de Aalborg al que se le pagó dos veces un solo servicio.

El órgano fiscalizador hizo público ayer en el BOP que, en abril, abrió un procedimiento de reintegro por alcance por "presuntas irregularidades contables en materia de contratación" tras el informe de fiscalización sobre la gestión de la obra por parte del Puerto entre los ejercicios 2012 y 2014. Tras este informe, firmado en 2017, Cuentas nombró un delegado instructor para ahondar en las pesquisas y determinar quién o quienes son los responsables de "menoscabo" de los caudales públicos por acciones u omisiones contrarias a la ley con "dolo, culpa o negligencia graves".

La publicación en el BOP de esta semana da la oportunidad de personarse a los que se consideren implicados en el procedimiento. La legislación establece que, una vez nombrado el instructor y culminada su investigación, se debe cuantificar cuál es el daño económico y señalar a los presuntos responsables para que estos consignen una fianza por ese importe. Según informó Cuentas, la fianza ya está depositada, sin aclarar, por no estar en la fase procedimental para ello, la cantidad reclamada y a quién se le reclama.

Un procedimiento gemelo, más avanzado, se está siguiendo en el puerto exterior de Gijón. El teniente fiscal del Tribunal de Cuentas les reclaman 137 millones a dos antiguos directivos por realizar una labor "gravemente negligente" que causó importantes sobrecostes. Se ha realizado ya una vista previa donde se han decidido, entre otras cuestiones, los testigos de las partes. Ahora solo esperan a que se establezca la fecha para la celebración del juicio.

En el informe inicial que detonó el procedimiento de reintegro por alcance por presuntas irregularidades contables en materia de contratación, el órgano advierte de la existencia de varias anomalías o actuaciones contrarias a la legislación.

Contratos no subvencionables por ir en contra de la UE. Relata que la ejecución de las obras principales del puerto exterior generó 99 contratos de 1997 a 2010, con un importe de adjudicación de 465 millones. Los de mayor relevancia fueron adjudicados por concurso pero la Autoridad Portuaria usó contratación directa en 35 (2,9 millones) y el procedimiento negociado sin publicidad en 24 (5,9). Parte de ellos dieron lugar a descertificaciones de gasto ante la UE por incumplir la política comunitaria en materia de contratación en los criterios de valoración de los concursos, por licitar sin publicidad o por valorar económicamente las ofertas sobre la baja media "en lugar de la oferta más barata". Por no ser conformes a las exigencias de los Fondos de Cohesión, hubo un ajuste negativo de las subvenciones recibidas, que supusieron solo un 51% de los gastos y no el 71% que estaba previsto.

Dudas en el sobrecoste. Cuentas censura, en segundo lugar, el aumento del coste por el que se adjudicó la obra. Lo cifra en un 27%, aunque la Autoridad Portuaria, en sus alegaciones, lo rebaja al 8,7%, al obviar el contradique, cuya necesidad se detectó a posteriori. En 2009, el Puerto pide una modificación del proyecto, por un accidente en 2006 y porque las previsiones del suministro de canteras fallaron, tanto en cantidad y en calidad. Por otro lado, destaca que la UTE prometió unos profesionales de alta cualificación que no tuvieron "presencia efectiva en la obra", con puestos que fueron desarrollados por "otros técnicos de menor experiencia y cualificación.

Con falta de transparencia. La lupa del órgano también se pone sobre el contrato de asistencia técnica para el control de las obras por 5,9 millones de euros, adjudicado en 2005. El acta de apertura, el informe de valoración y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación "no fueron suscritos por los representantes" de Puertos del Estado. Y de la valoración de las ofertas "se desprende que no se otorgó una puntuación equitativa". "El contrato fue objeto de corrección financiera por parte de la Comisión Europea de medio millón de euros porque consideró que el procedimiento de adjudicación adolecía de falta de transparencia", añade.

Incorporación de un profesional "sin concurrencia". El cuarto apartado se refiere a una modificación del contrato de asistencia técnica por 1,12 millones de euros, el 19% del presupuesto de adjudicación, el máximo permitido por la le. Se hizo para integrar la figura de un "director facultativo" que hasta entonces habían dirigido técnicos de la Autoridad Portuaria. Fue en febrero de 2007. Como aparecieron críticas en la prensa, en enero de 2007, la labor volvió a un técnico. El presidente entonces, Macario Fernández-Alonso (PSOE) justificó que había sido un error formal al haberlo denominado mal. "En la práctica, a través de esta modificación se renegoció el contrato con la finalidad de que la empresa adjudicataria incorporase a su plantilla a un facultativo concreto y predeterminado, sin publicidad ni concurrencia", denuncia Cuentas.

A dedo sin justificación. A la misma UTE de la asistencia técnica, adicionalmente, se le adjudicó en abril de 2009 un contrato de 600.000 euros para incluir unos trabajos de coordinación entre los entes implicados. Fue un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación. Cuentas dice que no se daban ninguno de los supuestos de la ley que permiten hacerlo sin un concurso. Se adjudicó con una baja del 26% pero después se tramitó una ampliación del mismo de un 10%.

La reiterada conexión danesa. La Autoridad Portuaria contrató a un catedrático de la Universidad de Aalborg y a organismos y empresas relacionados, siempre a dedo, 14 contratos por un total de 466.000 euros. Los contratos se otorgaron de manera independiente pero todos eran para asesorar o realizar cálculos. "Muchos de ellos no fueron formalizados", dice Cuentas, que denuncia que el varios no se acreditó el servicio y dos, de 25.000 euros, responden a un mismo estudio y factura y se abonaron dos veces.

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