El Concello descarta abordar la remunicipalización de las bibliotecas, tal como había planificado el anterior Gobierno local. Hoy mismo la junta de gobierno dejará sin efecto el encargo, realizado en abril, a la Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) para que se hiciera cargo de la gestión directa de los centros de Ágora, Fórum, Sagrada Familia, Os Rosales e Infantil e Xuvenil. Fuentes municipales explican que esta decisión está basada en la ausencia de "garantías" para la actual plantilla de las bibliotecas. Según el Ejecutivo municipal, sería "ilegal" que la empresa municipal asumiera a los trabajadores sin un concurso público abierto a cualquier interesado, por lo que ha optado por sacar a concurso una nueva concesión para los próximos años.

La Concejalía de Cultura ya está elaborando los pliegos de condiciones de la licitación del servicio y, aunque se desconoce el número exacto, el contrato durará varios años. Los empleados de estos centros de lectura serán, explican fuentes municipales, subrogados por la empresa que gane el concurso público. Las mismas fuentes afirman que los representantes de los trabajadores ya conocen la decisión y están de acuerdo con ella. Desde el Concello insisten en que el servicio "seguirá siendo municipal", pese a que se renuncie a que la gestión sea pública de forma directa.

El proceso para remunicipalizar estos centros tuvo en abril una etapa clave, cuando el Concello hizo el encargo a Emvsa que ahora se anula. La idea era que la empresa pública se hiciera cargo del servicio con un contrato inicial de cinco años, que podrían ser prorrogables, y por un valor de 2,29 millones de euros. La cantidad reservada en los presupuestos de 2019, a través de la concesionaria „cuyo contrato había sido adjudicado en diciembre de 2017„ era de 2,61 millones. Ya en mayo, PP y PSOE votaron en contra, en el consejo de administración de Emvsa, de una modificación de los estatutos de la entidad, imprescindible para poder acometer la gestión. Ambos grupos justificaron su rechazo en la oposición del secretario municipal y en los reparos del interventor y del asesor jurídico de la empresa pública acerca de los puestos de trabajo de los centros. El BNG se abstuvo en la votación mostrando sus dudas sobre la manera de acometer la municipalización. La asesoría jurídica municipal firmó un informe a favor de la tramitación aunque advirtió de que la subrogación de los trabajadores de la empresa adjudicataria actual debería completarse con la convocatoria de unas pruebas selectivas que no estarían reservadas exclusivamente para el actual personal.

Ante este rechazo, el anterior Gobierno local aprobó un contrato "puente" para volver a intentar la municipalización. Pretendía en ese tiempo "resolver las controversias jurídicas" de la situación y salvar la negativa de la empresa concesionaria, LTM Servicios Bibliotecarios, cuyo contrato finalizó en enero, de prorrogarlo. La falta de pago de las nóminas en abril estuvo a punto de acabar con un huelga de la plantilla, que la canceló tras abonarse los sueldos.

La contratación, sin concurso, de los servicios por un plazo de seis meses fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que dio la razón a una empresa en su queja de que no hubiera habido un proceso de concurrencia competitiva. Ahora, con la situación fuera de contrato aún vigente, el Gobierno local está elaborando otros pliegos para convocar un concurso del que no marca ningún plazo específico.

La internalización de la gestión diseñada por el anterior Ejecutivo municipal no iba a afectar a todas las bibliotecas de la red, ya que las de Estudos Locais, O Castrillón y Monte Alto están gestionadas ya directamente por el Concello.