El informe sobre la revisión de oficio de los acuerdos de Someso está todavía en la oficinas municipales y no ha salido aún hacia el Consello Consultivo, que será el organismo encargado de estudiarlo y de pronunciarse sobre la nulidad de decisiones municipales entre 2004 y 2006. El Gobierno local, en respuesta a una pregunta escrita por el PP, indicó que, la directora del área de Urbanismo requirió la emisión de un informe municipal "sobre una serie de cuestiones relativas a la titularidad y situación física de determinadas parcelas", con fecha de 2 de septiembre de este año. Lo hizo a la vista del informe que había emitido la anterior directora de la Asesoría Jurídica el 23 de mayo de 2019.
Para elaborarlo, la directora de Urbanismo designó a una persona y, en la actualidad, según revela, "todavía se está redactando" el texto. "Se trata de un informe de gran complejidad técnica, por lo que no se puede indicar la fecha concreta de finalización del mismo", explica el Gobierno local. Por esta razón, el informe no se ha remitido al Consello Consultivo.
El final del mandato de Marea Atlántica llegó sin que se acabase el informe. Y es que, la asesoría jurídica investigaba la "posible doble adquisición" de una parcela. El informe encargado por el PP advertía de que hasta 9.400 metros cuadrados de 22 parcelas municipales aparecieron aportadas a la junta de compensación por ocho promotores inmobiliarios sin que los responsables municipales hiciesen ningún trámite para reclamar su titularidad.
La junta se constituyó en 2002 y, entre los integrantes estaban Construcciones Fontenla, Multiveste, Caixa Galicia y Vallehermoso. En la respuesta que el Gobierno local aporta al PP, no especifica si la investigación sobre la titularidad de las parcelas que está elaborando actualmente Urbanismo se centra en esas parcelas municipales que no fueron reclamadas por el Concello o si son otras las que están bajo la lupa.
El Concello tuvo que pagar 19,2 millones de euros en concepto de indemnización a los propietarios originales de los terrenos de San Vicente de Elviña, a los que se les expropió para la construcción del campo de fútbol para el club Relámpago, que nunca se hizo. Sus parcelas, tras una recalificación aprobada por el Gobierno local, entonces socialista y con Francisco Vázquez en la Alcaldía. Los antiguos propietarios originales de los solares denunciaron y ganaron en casi todas las ocasiones sus pleitos al Concello, con el consiguiente castigo a las arcas municipales.
Durante su mandato, el PP inició una investigación interna sobre este tema que envió a Fiscalía y que este organismo archivó al no señalar ni delitos ni a ningún posible autor de los mismos. Al fracasar la vía de la Fiscalía, el entonces alcalde, Carlos Negreira, y su equipo, lo intentó con el Tribunal de Cuentas, que señalaba directamente a Vázquez y a seis concejales de la Corporación.
Pero, tras el cambio de Gobierno en el Palacio de María Pita y la entrada de Marea Atlántica en la Alcaldía en 2015, el Concello cambió de estrategia, ya que consideraba que esta estaba agotada, al no haberse anulado los acuerdos que tomaron entre 2004 y 2006, algo que el tribunal considera "decisivo" para poder decidir las "hipotéticas responsabilidades contables". Y, entonces, decidió iniciar un expediente para revisar de oficio con su remisión al Consello Consultivo de Galicia.
En julio de 2015, el documento concluyó que era posible declarar nula la venta de suelo municipal, aunque eso no significaba que se pudiesen pedir responsabilidades contables al existir "una evidente prescripción de las mismas".
La construcción en el polígono se paró con la llegada de la crisis económica y, en junio de este año, el Superior condenó a los promotores de Someso a acabar la obra de urbanización.
De las dos torres de 32 pisos y de los 17 edificios de 16 alturas que estaba previsto que conformasen el polígono de Someso, solo se construyeron seis, todos ellos de esta categoría, además del centro comercial Espacio Coruña. En los últimos años, se acumularon los procesos de caducidad de las licencias concedidas para construir en este enclave aunque durante este año, dos proyectos se han reactivado. Los promotores habían denunciado al Concello por no recepcionar las obras de urbanización y, finalmente, fueron condenados a acabarlas.
