El Concello impuso sanciones a ocho empresas, desde junio de 2015, por vertidos incontrolados a la red municipal. En total, 83.000 euros en multas, de los que, 30.000 recayeron sobre las arcas del matadero municipal, explotado por Carnicosa, por un incumplimiento grave de la normativa el 14 de diciembre de 2017. Es la sanción más fuerte de las que constan en la Concejalía de Medio Ambiente.

La Estación de Servicio das Rondas fue sancionada también con 15.000 euros por una infracción grave, el 29 de junio de 2017, y la empresa Sugema, con 16.000 euros, por un vertido incontrolado a la red municipal, en diciembre de 2016. En la lista de empresas sancionadas por el Concello hay también nombres conocidos, como el Club Financiero Atlántico, que fue sancionado con 6.000 euros por un incumplimiento de la normativa vigente, el pasado 19 de febrero. Repsol aparece también en esta lista. Tuvo que pagar 5.000 euros por un vertido el 7 de diciembre de 2016; la misma cantidad que Cepsa, por un derrame el 20 de marzo del año pasado.

Las infracciones más leves fueron las de 3.000 euros que el Concello les impuso a Hostelería Pocomaco, por un vertido el 29 de agosto de 2017, y al hotel Avenida, por una infracción cometida en febrero de 2018. Ambas sanciones fueron bonificadas, ya que pidieron permiso de vertidos en el plazo de alegaciones, según explica la Concejalía de Medio Ambiente en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el Partido Popular.

Otras dos empresas consiguieron evitar ser sancionadas, a pesar de que el Concello abrió un expediente contra ellas, el hotel Tryp María Pita y Gestilán Estación de Servicio, ya que habían solicitado permiso de vertido antes de que se les abriese el expediente de multa.

Desde el mes de junio de 2015, el Concello abrió 22 expedientes de advertencia de sanción, aunque todas las empresas implicadas solicitaron permiso de vertido, unas licencias que se encuentran "en diferentes fases de tramitación".

Cuando los vertidos acaban en la red municipal, su destino es la depuradora de Bens. El Consejo de Administración del 10 de octubre de la depuradora se cerró con, entre otras propuestas, la creación de un gravamen para las empresas por sus vertidos contaminantes