La mitad de la propiedad del edificio del antiguo concesionario de Citroën, en el cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro, ha iniciado la tramitación para su derribo, al amparo de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconoce el derecho a acometer la demolición. La empresa promotora que a comienzos de este año adquirió el 50% del edificio presentó la documentación precisa para empezar la intervención la semana pasada, justo cuando se cumplía el mes que tenía de plazo desde que recibió la notificación municipal para dar los pasos previos al derribo en aplicación de la licencia concedida en el mandato anterior, que la Justicia declaró vigente. A partir de ahora, estos propietarios tienen un plazo de tres meses para ejecutar la demolición.

El edificio, sin embargo, no está vacío. Los titulares de otra parte de la propiedad tienen una vivienda en una de las plantas y en el espacio que ocupaba el antiguo concesionario, la planta baja, hay desde hace unos días más de un vehículo estacionado que se puede ver a través del escaparate. De momento no hay material de obra en la zona ni señales en la calle que hagan pensar que va a haber una intervención urbanística.

Hay otra parte propietaria del inmueble que solicitó la licencia municipal de derribo en el mandato del PP y posteriormente en el de Marea Atlántica, cuando pidió otro permiso después de que caducase el primero. El TSXG avaló en julio de 2020 el fallo de un juzgado coruñés de un año y medio antes que declaraba concedida la licencia para echar abajo el inmueble. Estos dueños han impulsado la demolición en los últimos meses tras mantener contactos con el Concello para intentar evitar el derribo, pero las conversaciones no derivaron en acuerdos y de los trámites para iniciarlo y ejecutarlo finalmente se encarga ahora la promotora.

Fuentes próximas a esta tramitación apuntan que la empresa, tras presentar la documentación que le requería la administración local, entre ella la justificación del pago del impuesto de construcciones y obras y el proyecto de la demolición, han solicitado más tiempo para llevar a cabo la actuación. El Concello, que ayer declinó hacer declaraciones, ha condicionado el derribo a que las obras se inicien en el plazo de un mes y se ejecuten en tres, hasta finales de mayo. De lo contrario, la licencia habrá caducado.

Las obras deberán ejecutarse conforme al proyecto de demolición redactado por Andrés Fernández-Albalat y uno de sus hijos en 2012. El arquitecto, fallecido en diciembre de 2019, fue el encargado del diseño original del edificio en la década de los sesenta del siglo pasado y convirtió el inmueble en un singular exponente de la arquitectura industrial de la época. La construcción había sido promovida por el empresario Luis Rodríguez Amado, que en ese mismo lugar había explotado una estación de servicio para el lavado y engrase de camiones. En 1966 su empresa empezó a vender vehículos de la marca Citroën y mantuvo esta actividad hasta comienzos de 2012, tras haber entrado en concurso de acreedores un año antes.

El derribo del edificio fue solicitado por parte de sus dueños durante el mandato del PP. Pidieron licencia tras alegar que el inmueble carecía de interés arquitectónico y que se había catalogado sin justificación y con errores en el Plan General de Ordenación Municipal. En la versión definitiva del planeamiento urbanístico, el Gobierno popular, en contra del criterio de sus redactores, le había retirado la protección que se le atribuía en la versión aprobada inicialmente, lo que dio pie a que esos propietarios pidiesen permiso para demolerlo.

Pasaron dos años y no se iniciaron las obras, por lo que la licencia caducó. Los dueños volvieron a solicitarla y el Gobierno local, ahora en el mandato de Marea Atlántica, se la concedió en 2006. Pero este Ejecutivo inició al mismo tiempo gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento de anular su propia decisión no sirvió para proteger el edificio porque comenzó a tramitarse después de la concesión de la licencia. “El Concello parece pretender protegerlo y demolerlo simultáneamente”, señaló la jueza en el fallo de 2019 que declaraba concedida la autorización. Marea recurrió, pero a mediados de 2020, en el mandato socialista, el TSXG desestimó la apelación que pretendía evitar el derribo.