La propuesta de protocolo y de convenio sobre el desarrollo urbanístico de los muelles efectuada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a la alcaldesa, Inés Rey, en la reunión que los tres mantuvieron en Santiago el pasado viernes consagra el modelo planteado ya en 2018 por el propio Feijóo, en el que la administración autonómica se haría con el control de los terrenos al abonar trece millones, el 51% del valor de los terrenos de la Batería y Calvo Sotelo, mientras que el resto sería aportado por el Concello y la Diputación.
Tras la exposición de esta propuesta en la reunión del pasado viernes, Gobierno central, Diputación y Concello no han hecho pública su opinión acerca de la misma. El Ejecutivo municipal opta por esperar a que entre todas las administraciones se definan los usos que se pretenden dar a los muelles liberados para entonces decidir qué postura adoptar sobre el planteamiento de participar en su adquisición. El único organismo que se pronunció es la Autoridad Portuaria, cuyo presidente es propuesto por la administración autonómica, para la que esta iniciativa permite avanzar en la urbanización de los muelles que quedarán liberados empezando por el de la Batería, que ya carece de actividad, y al que seguirá el próximo año el de Calvo Sotelo, en el que aún se llevan a cabo operaciones de carga y descarga.
Hace tres años, Feijóo, propuso ante el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que la Xunta aportase 20 millones de euros por el 51% del valor de la Batería y Calvo Sotelo y se comprometió a adquirir en el futuro suelo en el muelle de San Diego si era necesario para el sostenimiento económico de la Autoridad Portuaria, así como a permitir la venta del hotel Finisterre, aunque excluyó de la operación a La Solana.
El documento entregado el viernes a Estado y Concello prevé la creación de una entidad jurídica para desarrollar el contenido del protocolo que recibiría las cantidades aportadas por cada una de las administraciones y en la que la Xunta, al ser la que efectuaría un mayor esfuerzo financiero, tendría la mayoría a la hora de tomar las decisiones.
Mientras no se constituya ese ente, será una comisión de seguimiento de estos acuerdos la responsable de decidir los pasos a dar mediante el sistema de “mayoría de participación”, aunque el cambio de cualquier contenido del protocolo o el convenio requerirá de unanimidad.
El objetivo de pagar por la incorporación de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo para su integración en la ciudad es contribuir a la reducción de la deuda de la Autoridad Portuaria, de la que se dice que sus ingresos ordinarios “no son suficientes” para hacer frente a sus obligaciones, por lo que se considera “urgente buscar un equilibrio entre la viabilidad económica y financiera” de este organismo y “el valor social que la transformación de los espacios portuarios puede aportar”.
En la práctica, esta solución implica la renuncia definitiva por parte de la Xunta a la vía de la condonación de la deuda del Puerto, que el mismo Feijóo incluyó en la propuesta de protocolo que defendió el pasado 23 de febrero en la reunión convocada por el Concello y a la que asistieron representantes de las cuatro administraciones. En ese documento, el Gobierno gallego planteaba que el Estado condonase los 200 millones que adeuda el Puerto con el mismo texto de la moción aprobada por unanimidad del pleno municipal en diciembre de 2020.
El grupo municipal del Partido Popular ha votado continuamente a favor de la condonación de la deuda en los plenos municipales desde que el Gobierno central de Pedro Sánchez aprobó el perdón de los 330 millones que el Consorcio Valencia 2007 adeudaba al Estado y sus responsables piden ahora que haga lo mismo con otros 60 que debe a una entidad financiera. A juicio de los populares, A Coruña sufre una discriminación por ello.
Un protocolo que el Concello rechazó en 2018
Cuando en 2018, durante el anterior mandato municipal, el presidente de la Xunta anunció la firma de un protocolo con el entonces Ministerio de Fomento para adquirir el 51% de la Batería y Calvo Sotelo, la iniciativa suscitó la indignación de todos los grupos municipales excepto el del Partido Popular, ya que lo consideraron como una deslealtad institucional por no invitar al Concello a sumarse a la negociación. Al igual que ahora, Feijóo propuso a Concello y Diputación que contribuyesen a adquirir los dos muelles para así rebajar la carga financiera del Puerto, pero recibió un rechazo rotundo por parte de ambas administraciones. Poco después del lanzamiento de la propuesta, el Partido Popular perdió el Gobierno central y la idea de comprar los dos muelles cayó en el olvido, del que solo la rescataban las periódicas referencias de los populares en el Concello a esta fórmula para rebajar la deuda de la Autoridad Portuaria. La recuperación de esta vía por parte de Feijóo deja ahora al Gobierno local en la tesitura de posicionarse sobre un planteamiento que los socialistas coruñeses ya descartaron hace tres años cuando estaban en la oposición. La negativa rotunda del Ejecutivo central, también ocupado por este mismo partido, a aceptar el perdón de la cuantiosa deuda de la Autoridad Portuaria, les da un escaso margen de maniobra, pero al mismo tiempo abre el camino a la ruptura de su pacto de gobernabilidad con Marea Atlántica y BNG, firmes opositores a esta solución.
