Veintiuno de abril de 2018: el Concello, a través del alcalde, Xulio Ferreiro, rechaza participar en la compra de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo que tres días antes había planteado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Esa adquisición era la fórmula para que el Gobierno gallego asumiese el control urbanístico de los terrenos portuarios con la adquisición del 51% de su valor y ayudar así a reducir la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. Cinco de mayo de 2021: la alcaldesa, Inés Rey, rechaza también la adhesión del Concello a la misma operación, propuesta de nuevo por Feijóo hace casi un mes para contribuir con el resto de administraciones implicadas a reordenar los muelles urbanos y afrontar el endeudamiento.
La historia se repite con las mismas críticas municipales al enfoque autonómico, aunque en un contexto que presenta algunas diferencias y en el que el choque entre administraciones casi continuo de entonces ha dado paso a una relación más armoniosa, al menos hasta ahora. Fruto de esa cercanía institucional, en los últimos meses el Concello y la Xunta han sintonizado para atraer a los organismos estatales (Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y Adif) a la búsqueda de una solución consensuada para el futuro del Puerto, desde la reordenación de los muelles a la conexión ferroviaria a punta Langosteira pasando por la deuda de 200 millones de euros. Para ello, ha habido tres importantes citas institucionales en A Coruña, Santiago y Madrid (la primera tildada de “histórica” en boca de la regidora) y una comisión técnica de trabajo, este miércoles en la ciudad, el día en que Inés Rey se opuso al plan de la Xunta al que también Ferreiro se había negado a apoyar tres años antes. El eterno retorno, la vida cíclica.
En 2018, con el PP en la Moncloa, Feijóo dejó al Concello al margen de las conversaciones mantenidas con el Puerto, Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento para definir un protocolo de intenciones previo a un convenio; puso 20 millones encima de la mesa para comprar la mitad de la Batería y Calvo Sotelo (y más tarde el muelle de San Diego) e invitó a la Diputación y al Ayuntamiento a sumarse a adquirir el resto. El ente provincial declinó la invitación solo dos días después y el Ayuntamiento, al día siguiente. Cambió el Gobierno central y aquel protocolo quedó congelado, aunque la Xunta siempre lo mantuvo como propuesta para transformar los muelles.
En 2021 el presidente gallego trasladó la misma iniciativa a la alcaldesa (esta vez en su presencia y ante el ministro de Transportes) con idéntica inversión, algo más de 20 millones (13 para adquirir suelo y 7 para urbanizar). Rey evitó pronunciarse durante casi un mes sobre la postura del Concello, esperó al primer encuentro técnico sobre la materia y expresó su desaprobación. Los gobiernos locales de Marea Atlántica y el PSOE, antes y ahora, apoyaron sus reacciones en argumentos parecidos, como la competencia municipal en el ámbito urbanístico, y con críticas idénticas a la Xunta por su pretensión de controlar los terrenos portuarios.
¿Supone este regreso a tres años antes un retroceso en los planes que todas las administraciones han perfilado respecto a la transformación de los terrenos portuarios cuando la actividad se traslade a la dársena exterior? La Autoridad Portuaria advirtió el mismo día en que Rey se oponía al proyecto de la Xunta de que la reordenación de los muelles se podría “demorar varios años” ante el rechazo a la única salida planteada y la falta de alternativas por parte del Gobierno municipal. Desde el Gobierno gallego y parte de la oposición municipal se le reprocha a la alcaldesa que no haya presentado otra propuesta concreta más allá de un impreciso plan director de reordenación, sin plazos ni inversiones, que el edil de Urbanismo expuso el pasado miércoles.
“Los muelles son de los coruñeses y los coruñeses deciden su futuro”, dijo la alcaldesa esta semana. Sobre ese futuro el Concello encargó el año pasado un estudio a la Universidad que expone varios planes e intervenciones a corto, medio y largo plazo, pero de su aplicación práctica tampoco el Gobierno local ha sido claro. Tampoco hay planteada ninguna consulta popular para que la ciudadanía pueda decidir qué desea en los muelles de A Coruña. El próximo 26 de mayo se celebrará una nueva reunión de la comisión técnica entre las administraciones; quizá algunas dudas queden despejadas, o quizá continúe la incertidumbre.
