La Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y el Administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, trabajan de manera conjunta en la fase decisiva que precederá a la licitación de la conexión por tren al puerto exterior, proceso anunciado en abril por el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento para el mes de julio. Los tres organismos se coordinan en dos líneas de trabajo, una técnica y otra administrativa, para definir los pasos claves para poner en marcha la capital infraestructura ferroviaria, justo cuando el Ministerio de Transportes justifica en un informe del mes pasado la ampliación por dos años de la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del acceso por ferrocarril a punta Langosteira, que caduca a finales de este mes. El enfoque administrativo en el que trabaja el Puerto y los demás órganos se centra en el establecimiento de un convenio que recogerá las responsabilidades y competencias de cada uno en la ejecución del proyecto.
Precisamente el proyecto constructivo redactado por el Puerto coruñés con el trazado escogido de la conexión necesita el visto bueno definitivo de Adif. El administrador ferroviario está analizando la solución en el marco de la comisión técnica de trabajo interadministrativa constituida a partir del acuerdo entre el Estado, la Xunta y el Concello del pasado mes de febrero. Tanto su veredicto a este respecto como el convenio de competencias deberán pasar por el consejo de administración del Puerto para su aprobación.
La tramitación tiene sus requisitos y el proyecto ha de pasar por distintos organismos antes del arranque mismo de la licitación del tren. El proceso sí podrá iniciarse no obstante antes de llevar a cabo las expropiaciones precisas a lo largo del trazado para la ejecución de la conexión, apuntan fuentes de la Autoridad Portuaria, que no señalan plazos concretos.
La referencia temporal a la que han aludido las administraciones desde abril es este verano. La alcaldesa, Inés Rey, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, llevaron la licitación del tren a Langosteira al mes de julio porque es la fecha en la que el Estado calcula que contará con la garantía de percibir los fondos europeos para la reconstrucción, llamados Next Generation, con los que se financiará el enlace ferroviario. La elección de este tipo de fondos para costear las obras tiene especial relevancia, ya que proporcionan un mayor porcentaje de financiación respecto a otros y su reglamento obliga a que el proyecto esté adjudicado en el año 2023, de forma que, como más tarde, podría entrar en servicio en 2026.
Una vez que las administraciones pactaron el cronograma a seguir, lo primero que anunciaron fue la prórroga de la declaración de impacto ambiental del proyecto, sin la cual no se podría llevar a licitación. De no ampliarse el plazo de vigencia, de cuatro años, se habría tenido que elaborar un nuevo informe ambiental que retrasase aún más la conexión a Langosteira.
El Ministerio de Transportes ha hecho un análisis ambiental actualizado del entorno del estudio informativo del acceso ferroviario al puerto exterior con el objeto de pronunciarse sobre la solicitud de prórroga de la vigencia de la DIA presentada por la Autoridad Portuaria. El documento, con fecha de mayo de este año, concluye que “no se han producido cambios ni alteraciones en el entorno que puedan suponer una modificación de la evaluación de impacto realizada”, por lo que se justifica la ampliación en el plazo de vigencia de la resolución emitida el 13 de junio de 2017. Con la prórroga admitida por un periodo de dos años, el Puerto tiene ahora este plazo para comenzar la ejecución del proyecto; de lo contrario, deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El Puerto, como promotor de la obra, deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental, entre las que hay ajustes con el poliducto de graneles líquidos de Repsol y con las carreteras del entorno más afectadas, como la prolongación del acceso al puerto exterior.
Limpoil estará cuatro años más en Oza
La Autoridad Portuaria aprobó el pasado 16 de marzo prorrogar hasta 2025 la concesión de la empresa Limpoil en la dársena de Oza, donde posee una planta para la recogida de residuos líquidos y sólidos generados por los buques del puerto. El organismo no informó de este acuerdo en la información que proporcionó de la reunión de su consejo de administración en marzo. La instalación fue abierta en 2011 y la empresa solicitó autorización en 2017 para convertirla en una planta de pretratamiento para separar los aceites del agua, de forma que los primeros líquidos serían enviados a un complejo especializado en su tratamiento. Al año siguiente la Xunta exigió a Limpoil una Autorización Ambiental Integrada para este proyecto cuya demora en tramitar desde entonces achaca a la falta de un informe municipal, aspecto que el Concello niega.
