Desde hace casi quince años, me toca pasear a diario por A Maestranza. Durante ese tiempo, las tres parcelas del Ministerio de Defensa han pasado de estar abiertas a estar cerradas por una valla metálica, sin que nadie haya podido disfrutar de ellas, más que los coches que, durante unos años, las convirtieron en un leiraparking. Ahora hasta me ha parecido intuir algún plumacho, que invade todo cuanto puede si no se le pone remedio. Un abandono total.
La escena sería vergonzosa en cualquier zona de A Coruña. Veinte años en los que solo han crecido hierbas y verjas. Pero en A Maestranza la afrenta es peor porque a un lado está el mar, al otro está el patrimonio que atesora la Ciudad Vieja, donde nació A Coruña, y, sobre todo, porque ese suelo ha sido público hasta hace menos de dos años.
Este desarrollo urbanístico emana del acuerdo, en 1984, del Gobierno local de Francisco Vázquez con el Ministerio de Defensa, que a cambio de ceder espacios al Ayuntamiento —monte de San Pedro, los actuales edificios del Rectorado de la Universidad y la Fundación Luis Seoane...— obtuvo la recalificación de terrenos militares para la construcción de viviendas, con los consiguientes ingresos por la venta de ese suelo a promotoras privadas —cuartel de San Amaro, Zalaeta, A Maestranza...—.
El de la Ciudad Vieja es la guinda al pastel de las plusvalías que ha obtenido Defensa en este tiempo. En 2019, fecha de la venta de las dos parcelas a la promotora Lipromo, el presupuesto del Ministerio de Defensa fue de 8.500 millones de euros. Por los solares ingresó 11,89 millones, una insignificancia en sus cuentas, el 0,14%.
Defensa porfió en vender las parcelas hasta conseguirlo y desoyó la petición de la Corporación, desde el mandato de Marea Atlántica, de que cediera los terrenos a la ciudad. Su argumento, que la legislación le impide una cesión gratuita. Pero nadie le prohibía renunciar a la venta, conservar las parcelas como propiedad pública y permitir un disfrute ciudadano. Bastaba con no venderlas, retirar las verjas y, por ejemplo, intentar un acuerdo para que el Ayuntamiento asumiera el mantenimiento de esa zona verde. O, incluso, de construir, podría haber optado por edificar pisos públicos y colaborar en dar acceso a una vivienda a quienes más dificultades tienen para acceder a ellas.
A la reclamación del uso público de ese suelo, frustrada por el empeño de Defensa de hacer caja, se unió la certeza de que, en su subsuelo, se guarda parte del pasado de A Coruña. La construcción del parking subterráneo a principios de siglo desenterró restos de la muralla del siglo XVIII que volvieron a ser tapados, con el aval de la Xunta por carecer de valor. El informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento concluyó en 2015 que restos de fortificaciones de ese siglo y el posterior se ocultan bajo A Maestranza, afectando en mayor o menor medida a las dos parcelas vendidas posteriormente por Defensa. La más cercana al cuartel de Atocha apenas se sitúa sobre la muralla, pero la más próxima al Rectorado sí que lo está, por no hablar de la tercera, la contigua a la Hípica, que Defensa no ha logrado vender por estar de lleno sobre los baluartes.
Desde 2015, fecha del informe, hasta 2019, año de la venta, discurrió tiempo suficiente para que nadie se sorprenda si al meter la excavadora aparece un tramo de muralla. Incluso algunos restos están documentados años antes. En ese tiempo, ha sobrevolado la posibilidad de que Defensa, primero, y, ahora, la promotora propietaria de las parcelas reclamasen una indemnización si los restos arqueológicos impedían levantar viviendas. El Ministerio decía tener derecho a ella y el Ayuntamiento la negaba el mandato pasado, pero el actual Gobierno local no la ha descartado con tanta rotundidad, por lo que emprendió una negociación con la promotora para permutar parte de la edificabilidad en otra zona de la ciudad y reducir los pisos previstos en esas dos parcelas de A Maestranza, de 150 a 100.
Un hipotética disputa por esa edificabilidad se terminaría dilucidando, seguramente, en los tribunales. Pero llama la atención que tenga derecho a indemnización quien compra una parcela sabiendo que hay restos arqueológicos en el subsuelo que pueden truncar sus planes edificatorios.
