Seis meses. Medio año fue el plazo que las administraciones acordaron darse el pasado 23 de febrero para definir el nuevo protocolo y los consiguientes convenios que sustituirán a los acuerdos firmados en 2004 para la construcción del puerto exterior. A poco más de un mes para que se cumpla ese periodo, el Concello, la Xunta, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria, Adif y la Diputación han quemado una etapa más hacia esa meta y tras la reunión de la comisión técnica de ayer con representantes de cada administración, en la que el Ayuntamiento expuso la propuesta que otros actores le demandaban desde hace meses, han llegado a un punto en el que se obligan a llegar a acuerdos.
El planteamiento municipal, que consiste en la compra por parte del Concello del 75% de la propiedad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo y la invitación a la Xunta, el Estado y la Diputación a que aporten el 25%, fue presentado ayer al resto de administraciones. Es una propuesta que repite la estrategia promovida meses antes por la Xunta, que se ofrecía a adquirir el 51% de los mismos terrenos para tener el control de su desarrollo y dejar a las demás partes la participación en el 49% restante. El Gobierno local, que hace dos meses se oponía a que la Xunta comprase suelo en el puerto pero ahora se ofrece a comprar los mismos muelles, atribuye a su plan el propósito de “blindar la titularidad pública de estos espacios” y “evitar cualquier tipo de especulación sobre los terrenos portuarios”. Ni la Xunta ni el resto de administraciones ofrecieron valoraciones sobre un documento que habían conocido formalmente horas antes, sin tiempo para sacar conclusiones.
El representante del Ejecutivo de Inés Rey, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, trasladó al de la Xunta, el jefe territorial de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, una semana de plazo para remitir una respuesta al planteamiento municipal, con el fin de citar de nuevo a todas las partes el 28 de julio y seguir avanzando en la reordenación del borde litoral de la ciudad. El medio año establecido para dar forma al protocolo y al convenio finaliza el próximo 23 de agosto.
El Gobierno gallego tendrá sobre la mesa una propuesta parecida a la suya para la fachada marítima, pero sin tener el control mayoritario de los muelles que rechaza el Ayuntamiento. La respuesta que dé al plan no dependerá del análisis de una sola consellería, ya que en el desarrollo de los terrenos portuarios hay competencias de más de una.
El Concello solo aludió en una nota informativa a Puertos del Estado y al administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, de quienes dijo que “comparten el esquema general” de la propuesta municipal “sin prejuicio de seguir estudiándola para su concreción final”.
El plan municipal de protocolo va acompañado de uno de convenio para el desarrollo de Batería y Calvo Sotelo. Este documento toma como base el planteado por la Xunta y rechazado por el Concello, pero cambia el reparto de los 6,27 millones de euros en que se presupuesta la urbanización de estos dos muelles para uso público entre 2021 y 2024. La Xunta ofrecía aportar 3,19 millones, en consonancia con su 51% de titularidad de los terrenos, y que el Concello, la Diputación y el Puerto asumiesen el resto.
El Ayuntamiento, en cambio, quiere hacerse con el 75% de los muelles, pero que la urbanización la financie en un 80% la Xunta, con 5,07 millones de euros. La aportación municipal quedaría reducida a 600.000 euros y la de la Autoridad Portuaria a 595.000. En el texto de la propuesta de convenio saca de la ecuación a la Diputación.
El protocolo propuesto por el Gobierno local apuesta por la constitución de un ente público participado por todas las administraciones con competencias en la reordenación de la fachada marítima. Se trataría de un órgano en el que quedarían definidos los compromisos de cada parte y sus aportaciones económicas. Al protocolo se le sumarían los convenios de desarrollo vinculantes basados en las directrices de un plan director de ordenación propuesto por el Concello en los que se concretarían las actuaciones, como las relativas a la urbanización de Batería y Calvo Sotelo en primer lugar.
