La pasarela peatonal entre A Coruña y Oleiros que proyecta la Xunta deberá contar con el informe favorable de Demarcación de Costas para poder ser ejecutada. El dictamen de este órgano estatal, que tiene competencia sobre los terrenos afectados en los márgenes de la ría, forma parte de un procedimiento especial regulado por el Gobierno gallego en 2021 para poder apurar los proyectos de movilidad sostenible financiados con los fondos de reconstrucción Next Generation, que establecen unos plazos ajustados para realizar las obras. El Estado pone en duda esta normativa y llama a capítulo a la Xunta que, sin embargo, cree que no habrá problema en llegar a un acuerdo con Madrid para resolver las discrepancias. Sostiene que, aunque el Consello de la Xunta sí puede ignorar informes en contra emitidos por otras administraciones como los concellos y dar luz verde a la infraestructura, sí tiene que estar avalado por Costas de forma obligatoria. Esto permitiría seguir adelante con el plan; de lo contrario, tendría que ser reformulado.
El proyecto para conectar los dos concellos, anunciado hace tres semanas en A Coruña por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, requiere de informes de las administraciones territoriales afectadas y, de ser necesario, de informes sectoriales de otros departamentos. Los primeros, que recogen valoraciones sobre el diseño en función de los intereses de cada administración, corresponden a la Administración General del Estado y también a las entidades locales. Sin embargo, según la legislación, el Consello de la Xunta podría ignorarlos aunque fuesen negativos y seguir adelante. De acuerdo con esa misma normativa, los proyectos no necesitarían además licencia municipal, como ocurrió por ejemplo con la obra de la estación de autobuses en la intermodal coruñesa. Los informes sectoriales, entre los que se incluye el de Costas, tienen otra regulación en cuanto a plazos y si tuvieran una resolución desfavorable o de silencio, supondrían el rechazo al proyecto.
Aunque el litoral es terreno de titularidad estatal, Feijóo aseguró el pasado 8 de abril que la Xunta tiene competencias para acometer la obra de la pasarela sin necesidad de acuerdos con otras administraciones. Sin embargo, Xunta y Estado acordaron, a través de una resolución publicada ayer en el DOG, iniciar un proceso de información y negociación para resolver discrepancias relacionadas con seis artículos de la ley gallega, de 2021, de medidas fiscales y administrativas, en relación con la tramitación de los proyectos de movilidad sostenible y el transporte de viajeros.
La ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2022 establece un procedimiento específico para que la administración se salte pasos con este tipo de proyectos de movilidad con el fin de poder ejecutarlos en los plazos que establecen los fondos Next Generation. Fuentes autonómicas señalan que “la Xunta entiende que será fácil aclarar las dudas con el Estado”, aunque apunta que para que estos planes salgan adelante “deberán tener el informe favorable de la administración sectorial responsable conforme a sus plazos y normativa”, que es Costas en el caso de la iniciativa de la pasarela.
Las mismas fuentes afirman también que, de acuerdo con el artículo 21 de la ley autonómica de medidas fiscales, uno de los que suscitaba dudas, el proyecto de la pasarela entre A Coruña y Oleiros será sometido al trámite de información pública durante un plazo mínimo de 30 días hábiles. La Xunta prevé establecer contactos técnicos con los concellos en los próximos días.
La Xunta asegura que el Plan do litoral da vía libre al puente
La Consellería de Infraestruturas considera que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Galicia avala la construcción de la pasarela peatonal y ciclable sobre la ría entre los concellos de A Coruña y Oleiros. Rechaza, por tanto, que el proyecto se vea afectado por la directriz de un decreto de Medio Ambiente que insta a preservar los puntos de observación, como el establecido por el POL en la duna de la playa de Santa Cristina, “de actividades constructivas en su entorno que alteren la percepción del paisaje”. Infraestruturas apunta que el proyecto de la pasarela encaja con el artículo 46.2 del POL porque en uno de sus apartados admite “usos y actividades constructivas en instalacións imprescindibles para la implantación de paseos marítimos o fluviales”, por lo que, con la pasarela, se daría “continuidad a los paseos existentes o previstos en los márgenes de la ría”, indican fuentes de la Consellería. Las mismas fuentes insisten en que otro artículo de la misma ley concerniente a la definición de usos hace compatible la nueva infraestructura sobre la ría porque “facilita la conexión territorial que favorece el disfrute del dominio público marítimo terrestre, sin transformar el carácter de éste ni la integridad de los valores de conservación del espacio”.
