La propuesta del Consejo de Estado al Gobierno de rescatar la gestión de la AP-9 tiene el apoyo del Concello de A Coruña, así como de asociaciones de transportistas, patronales y sindicatos de la ciudad, que, mayoritariamente, asumen que permitirá moderar o eliminar el coste de los peajes. Ir hasta Santiago cuesta ahora 7,20 euros, y el coste del uso de la Autopista del Atlántico causó protestas en la ciudad el año pasado.
Algunas de las entidades, sin embargo, matizan que un trasvase en este sentido tiene que hacerse desde la base de que la gestión pública consiga mejoras en el servicio y garantice los derechos de los trabajadores de la concesionaria, Audasa.
La agrupación de transportistas Acotrades señala que apoya un rescate si conlleva la mejora de las condiciones de su uso por los camioneros, que, según afirma su vicepresidenta, Lucía Loureiro, sienten que las rebajas anunciadas el año pasado no son suficientes. “Tenemos la autopista más cara de toda España”, defiende la empresaria, que cree que a estas alturas la infraestructura, construida en 1978, “tendría que estar libre de peaje”.
A los camioneros “nos cuesta una barbaridad sacar nuestras mercancías”, indica Loureiro, pues ir por la nacional, gratuita, supone “eternizarse” y el peaje es “escandaloso”. “No nos gustó que las rebajas al trayecto de vuelta solo se hicieran a los ligeros. Por seguridad y ecología, seríamos nosotros los que tendríamos que tener esos beneficios”, añade.
En el polígono industrial de Pocomaco, que alberga a un gran número de empresas de transporte, la presidenta, Lucía López, cree que un rescate sería “una noticia muy positiva”. “La mayoría de nuestros comuneros tienen que usar la autopista sí o sí, y el transporte tiene muchos gastos”, indica López, que considera que reducirlos “puede ayudar a las empresas asentadas en el polígono”.
El presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, defiende que el rescate es un medio para un fin: “la gratuidad total de esta vía”, que la organización que preside demanda “históricamente”. La reducción de los peajes realizada el año pasado por el Gobierno a través de bonificaciones a la concesionaria, indica Fontenla, es un “paso importante” pero “totalmente insuficiente”, especialmente para los transportistas. Y los costes de la AP-9 son “una merma importantísima para la competitividad de las empresas gallegas”, indica el empresario.
Fontenla opina que los usuarios de la comunidad deberían poder circular sin coste para equipararse a los de otras autopistas, “como la AP-7, que une el arco mediterráneo, gratuita desde 2021”. Así, avala el rescate “si los informes lo avalan” y tiene como “objetivo” la gratuidad.
En el mismo sentido, pero con más cautela, responde la Cámara de Comercio de A Coruña, que considera que “para poder pronunciarse” debería conocer en profundidad el informe del Consejo de Estado” y analizar los costes asociados a la decisión. Esta agrupación patronal estima “positiva” la reducción de peajes efectuada el año pasado y considera que “debe hacerse, manteniendo esa reducción, lo que sea más eficiente en la utilización de fondos públicos”.
“Permitiría rebajar el coste”
En cambio, el Ayuntamiento no duda de que rescindir el contrato con la concesionaria “permitiría bajar el coste de los peajes”. “Estamos a favor del rescate de la concesión”, señalan fuentes del Gobierno local, desde donde se considera “oportuno” y “positivo” que se pueda “recuperar la gestión”. La autopista, recuerda el Concello, es “una infraestructura fundamental que permite la conexión de A Coruña con todo el eje atlántico”: la infraestructura recorre la geografía gallega desde Ferrol hasta Tuy, enlazando los principales núcleos de población de la comunidad.
En cuanto a los sindicatos, el secretario comarcal de UGT, Ángel Iglesias, prefiere el modelo que sea mejor para la ciudadanía. La Xunta ha reclamado gestionar la autopista e Iglesias afirma: “Si la gestión es más eficiente desde la comunidad autónoma, que así sea, pero pedirla por pedirla no tiene sentido”. El rescate debe hacerse, indica, si se logran unos peajes más baratos y “se pueden obtener beneficios para los ciudadanos”.
Para Pedro Beade, del sector de Transportes de Comisiones Obreras, las consecuencias del rescate para la población serían “en principio” positivas, y cree que todo apunta a que este “puede ser cosa de medio año, o un año”. Beade afirma que “se presupone que está garantizado” que se respetarán los derechos de la actual plantilla, y recuerda que la administración que adquiera la gestión “tiene que cumplir obligaciones”, como el mantenimiento de las vías.
Bonificación del Estado
El motivo esgrimido por el Consejo de Estado para proponer la “conveniencia” de rescatar la AP-9 es el alto coste que tienen las rebajas de los peajes del año pasado, que cubren las arcas del Estado. Hasta el fin de vigencia de la concesión, en 2048, tendrán “un enorme impacto en los presupuestos y en el déficit público”, que se evalúa en unos 2.300 millones. En cambio, el rescate de la concesión “conllevaría previsiblemente un significativo ahorro económico”.
Rescatar la concesión tendría también sus propios costes, ya que Audasa anunció a finales del año pasado que exigiría una indemnización “significativamente superior al importe actual” de su deuda, que supera los 1.000 millones de euros, incluyendo el lucro cesante o el coste de inversiones realizadas. El Parlamento gallego pidió por unanimidad que la titularidad de la autopista pasase a Galicia.
