El pleno del pasado jueves aprobó por unanimidad una moción del BNG en la que se incluía “estudiar la necesidad de aumentar a corto plazo” los fondos para las ayudas sociales del Concello ante la crisis inflacionaria. Pero la edil de Bienestar Social, Yoya Neira, descartó este viernes que sea necesario incrementar el presupuesto inmediatamente, señalando que “de momento” el Ayuntamiento tiene “crédito para poder afrontar” las ayudas de emergencia.
Neira sí que admitió que la crisis motivada por la pandemia “sigue estando ahí a nivel social” y que se ha visto “agravada” por el fenómeno de la evaluación de los precios. Este mes de agosto registraron un aumento del 10,3% interanual. Esta situación genera, explicó la edil, una “presión sobre los servicios sociales importante”. También señaló que “hay una realidad de la que muchas veces no se habla”, la de las personas que “están en situación irregular” y no pueden acceder a ayudas concedidas directamente por la administración local.
Para atenderlas, afirmó Neira, el Ayuntamiento destina una “importante cifra” a subvenciones nominativas a entidades sociales, que, junto a proyectos como A Flote de la empresa pública Emalcsa, funcionan como “la otra red” con la que cuenta el Ayuntamiento.
La renta social municipal, establecida en el anterior mandato y continuada por el actual Gobierno local, se había convertido en una herramienta “muy útil” para los inmigrantes irregulares, según las organizaciones que trabajan con el colectivo. Pero las ONG Viraventos, Sos Racismo y Sen Valos señalaron a este diario en mayo que los trámites para obtenerla, que en teoría deberían durar dos meses, se prolongan hasta un año.
Neira no confirmó a este diario si se han reducido los plazos, pero defendió que el equipo social municipal ha aumentado sus medios en este mandato. No existe, defendió, “vacío en cuanto a sustento de carácter económico para las personas que solicitan ayudas”.
Retorno de la Tarxeta Básica
La moción aprobada el jueves también instaba al Gobierno gallego a “reimplantar la Tarxeta Básica”, puesta en marcha durante la pandemia para prestar apoyo en la compra de productos básicos de alimentación, higiene y farmacia. Neira afirmó que “aliviaba la carga que estábamos soportando los ayuntamientos” y que los servicios sociales municipales “vamos a notar” su desaparición.
La responsable de Bienestar Social considera “prioritario” el mantenimiento de esta ayuda autonómica, cuya desaparición considera “irresponsable” en las actuales circunstancias. “Se tendría que haber sentado a los ayuntamientos para ver cómo se puede gestionar”, opinó Neira, que reclama a la Xunta dar “una respuesta rápida y eficiente”.
