La Valedora reprende al Concello por la falta de accesibilidad en ‘parkings’ municipales

La Valedora do Pobo reprende al Concello por no aplicar medidas destinadas a que las concesionarias de los aparcamientos subterráneos de la ciudad adapten sus instalaciones a la normativa de accesibilidad vigente, que tiene como objetivo que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de ellas de forma autónoma.

En noviembre del año pasado, una persona usuaria del aparcamiento del Cantón Grande registró una queja ante la Valedora do Pobo por “la falta de accesibilidad en los aparcamientos de la ciudad” y por no saber cuáles eran las medidas que se estaban ejecutando para “promover que los titulares, públicos o privados” adecuasen estos espacios para facilitar la accesibilidad. En esta queja, el usuario explicaba que, una vez estacionado su vehículo en el aparcamiento del Cantón Grande, se dio cuenta de que no tenía ascensor y que, cuando quiso retirarlo, no podía acceder a su coche adaptado por la falta de espacio en las plazas, de modo que no pudo salir de las instalaciones hasta que un viandante le movió su coche hasta un lugar en el que pudo subirse al vehículo.

Ante esta queja, la Valedora solicitó información al Concello sobre este extremo y sobre las plazas reservadas en superficie para personas con movilidad reducida en el entorno de este aparcamiento sin ascensor. El servicio de Mobilidade Urbana respondió a estas quejas puntualizando que había un proyecto en marcha para dotar de elevador a este aparcamiento, pero que la peatonalización de una parte de los Cantones para favorecer la movilidad durante las medidas de desescalada había frustrado su implantación, ya que ambos proyectos no eran compatibles en ese momento. Además, la puesta en marcha de un ascensor requería un estudio geotécnico que el Concello no tenía. Mobilidade también especifica que las plazas en superficie para personas con movilidad reducida superan el mínimo legal tras esta remodelación.

A pesar de estos argumentos, la Valedora tuvo que solicitar más información al Concello ya que, en ningún momento contestaba a la cuestión de las dimensiones de las plazas de aparcamiento para que puedan ser utilizadas de manera autónoma por los usuarios con movilidad reducida —en cumplimiento de la ley vigente—. “Nos dirigimos al Concello con el fin de requerir que, con urgencia facilitara aclaración” sobre si “requirió o requerirá en breve a la empresa concesionaria para que realice la adaptación razonable de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida”, dice el expediente.

En un primer informe complementario, el Concello explica que el pliego de la concesión —de finales del siglo pasado y previo a la regulación actual de accesibilidad— establece “el número de plazas que deberían de construirse en el parking municipal del Cantón Grande”, y fija “el canon que tiene que satisfacer anualmente la concesionaria en virtud del número de plazas” y que, actualmente “no cumplen las dimensiones óptimas” para adaptarse a la legislación vigente. El Concello se escuda en que, a pesar de que la normativa obliga a la supresión de barreras arquitectónicas, “no puede exigir a la concesionaria que adapte las plazas a las nuevas dimensiones” sin disminuir la capacidad del parking y sin que la concesionaria genere el derecho a solicitar una indemnización por la reducción del número de plazas disponibles.

Con esta respuesta, la Valedora insistió al Concello para que facilitase información complementaria sobre la respuesta de la empresa concesionaria, al entender que las adaptaciones legales “son de obligado cumplimiento y no, como señala el informe, una norma sin mandato específico”. En esta segunda comunicación, el Concello insiste en que no puede exigir a la concesionaria que amplíe las plazas sin disminuir la capacidad del aparcamiento y sin perder espacios para el estacionamiento y sin que la firma pueda solicitar una indemnización por la pérdida de ingresos y solicita el archivo de las actuaciones realizadas a raíz de la queja de este usuario.

La Valedora, en el análisis final de los hechos, afea al Concello que solo tenga en cuenta la parte económica y no “los efectos discriminatorios” que derivan de la falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y también que no contemple la financiación pública para la ejecución de las obras, que derivarían no solo en el cumplimiento de la ley vigente, sino también en que los usuarios con movilidad reducida podrían utilizar estos servicios de forma autónoma; de este modo, urge a que se realicen “las adaptaciones que se determinen para que el servicio de aparcamiento público sea plenamente accesible”.

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