La falta de vivienda protegida en A Coruña sigue reduciendo los demandantes: caen un 28% en tres años

Los demandantes de vivienda protegida pública y privada en A Coruña llevan años cayendo. Si en 2020 el registro de la Xunta contabilizaba 2.542, en enero del año pasado la cifra había bajado a 1.994, y actualmente son 1.823: un descenso del 28% en tres años. En Vigo la tasa de demandantes en relación a la población es casi tres veces superior a la coruñesa, y en Lugo cerca del doble; entre las principales urbes también superan a A Coruña, siempre en proporción al número de vecinos, Pontevedra y Santiago. La caída, según defienden casi unánimemente el sector inmobiliario y las entidades sociales, no se debe a que esté bajando la necesidad de vivienda protegida, sino que, por el contrario, a que la oferta es muy escasa.

“Esto es como te apuntas en el INEM, pasan dos meses y no te llama nadie” ejemplifica Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, “si pasan los años y no hay viviendas de protección oficial, la gente se desanima, se borra”. Cree que hay “más necesidad de vivienda de protección oficial que nunca”, pero las promociones “salen a cuentagotas, tenemos un montón de desarrollos parados” y conseguir un piso en una “es como si te tocase la lotería”. Los altos datos de demandantes de Vigo en comparación a A Coruña, considera, se deben a las “expectativas” de que salieran algunas promociones “que no se han materializado”.

En parecidos términos se expresa la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, que explica que los ciudadanos “para qué se van a apuntar” al listado de la Xunta “si no hay oferta”. “Las estadísticas sociales muestran que A Coruña es la ciudad que más problemas presenta de acceso a la vivienda” en Galicia, indica Farjas, que añade que “la dificultad de acceso es uno de los problemas más graves vinculados al proceso de exclusión social y se ha agravado en los últimos cuatro años”, mientras caían los demandantes. “El grave problema que hay es la falta de vivienda pública, para comprar o de alquileres sociales”, remacha.

¿Cómo optar a una vivienda de la Xunta en el barrio de Xuxán, en A Coruña?

La ONG Sen Valos trabaja con inmigrantes, y su responsable de proyectos, Patxi Hurtado, señala que entre este colectivo el número de demandantes “es bajo” pese a que tienen un programa específico, a través de mediadores interculturales, para ayudar a los usuarios a hacer los trámites para apuntarse. Uno de los motivos, señala, es “el tema de la oferta”. “Si es un recurso en el que hay una oferta amplia y alta, esto anima a la gente”, explica, pero ocurre lo contrario, como es el caso, “si es escasa, muy limitada, o se demora mucho: la gente necesita rapidez, agilidad”. Muchos inmigrantes se encuentran también con “dificultades para la inscripción o para cumplir los requisitos”.

Al igual que en años anteriores, la mayor parte de los demandantes de vivienda en A Coruña piden casas de promoción pública, ya para compra, para alquiler o para arrendamiento con opción de adquisición, si bien todas las categorías caen. Hay 162 peticiones para comprar (frente a las 169 de 2022), 846 para alquilar (eran 968 el año pasado) y 453 personas buscan arrendamiento con opción a compra (524 hace un año). Los peticionarios de vivienda de promoción pública en núcleos rurales e históricos son 74, y 76 en 2022.

El arquitecto y miembro de Ergosfera Iago Carro explica la preferencia por el alquiler en base a que los precios de compra, incluso en viviendas protegidas, son “inaccesibles” para muchas personas. Al contrario que otros expertos, considera que el descenso de los demandantes puede deberse a factores diferentes que la falta de oferta. “Dudo que la gente sea consciente de cuántas viviendas se ponen en marcha”, indica.

Para la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Coruña, Patricia Vérez, la caída de demandantes de vivienda pública “puede deberse a varios factores”, entre ellos “la escasez de la oferta” en la ciudad; su colectivo ha demandado en varias ocasiones que aumente el número de pisos en alquiler y venta. En el caso de la escasa demanda de compra también puede influir, opina, “la subida de tipos de interés y las dificultades de financiación”, que hacen que se opte más por la vivienda de alquiler, que “tiene muchas ayudas, como los bonos de alquiler para jóvenes”.

Falta de promociones

Los datos de viviendas calificadas como de protección pública en el municipio, el Observatorio Urbano del Concello, muestran que desde 2011 no se registran nuevos pisos de protección pública en el parque inmobiliario. Las promociones de vivienda pública terminadas de la Xunta y Concello, como Eirís, Novo Mesoiro, la calle Caballeros y la antigua Fábrica de Tabacos se corresponden con obras terminadas entre 2008 y 2011, si bien la Xunta prevé poner en los próximos meses en alquiler 40 pisos de nueva construcción en Xuxán y ha prometido levantar otros 98 en la zona.

El Ayuntamiento está actualmente reformando un edificio de propiedad municipal en el cruce entre Marqués de Pontejos y San Nicolás para albergar cinco pisos de alquiler social, y desde 2019 está obligado a construir medio centenar de viviendas en Xuxán tras un acuerdo con el denunciante del edificio Fenosa, el arquitecto Valentín Souto. El actual Gobierno local afirma que el proyecto espera por unas ayudas europeas que tramita la Xunta, pero Souto advierte de que puede acudir a los tribunales para desbloquear la obra.

El Gobierno local también firmó en diciembre de 2021 un acuerdo con Marea Atlántica de políticas de vivienda, que incluía la compra de pisos e inmuebles y la ampliación de la bolsa de alquiler de la empresa pública Emvsa. Los acuerdos, en su mayoría, no se materializaron. Marea afirma que suponía “incluir nueve millones” en los presupuestos de 2022 que “no se ejecutaron”, pese a que “las dificultades de acceso a la vivienda se agravan” en la ciudad.

Caída del régimen privado

El registro del Gobierno gallego también incluye las peticiones para entrar en viviendas de protección de promoción privada, tanto en régimen general como en régimen concertado. Según la ley de vivienda de Galicia, un promotor urbanístico puede pedir a la Xunta que las casas que levante tengan la consideración de vivienda protegida, siempre que reúnan requisitos como dimensiones de 120 metros cuadrados o menos y precios tasados. Las peticiones para acceder al alquiler o compra de esta modalidad en el municipio de A Coruña son ahora 214, mientras que hace un año sumaban 257.

El denunciante del edificio Fenosa amenaza con exigir al juez que el Concello de A Coruña construya los pisos de Xuxán

El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de La Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, liga el descenso de demandantes de compra de vivienda protegida privada a un proceso a largo plazo. “Una de las consecuencias de la anterior crisis financiera fue la modificación de todo el régimen” que regía la modalidad, explica, y desde 2010 “ya no existen ayudas al comprador de vivienda, pero subsisten las limitaciones como la prohibición de enajenar o la obligación de ocupar de manera efectiva”. La situación, afirma, “desincentiva” a las familias a optar por este régimen y las lleva a acudir al mercado libre, aunque los precios sean más altos.

En cuanto a la reducción del alquiler con opción a compra, una opción más atractiva para los que no tienen ahorros, su lectura coincide con la general: “ahí el problema es la inexistencia de oferta, la gente se ha desesperado ante la ausencia de oferta”, lo que considera “un problema gravísimo”. Según considera, los promotores privados “no construyen edificios” dentro de este régimen porque resulta más desventajoso desde el punto de vista fiscal. Y en los alquileres de vivienda pública, opina, “hay muchos edificios que tienen problemas de vecindad graves”, otro factor que, en su opinión, puede hacer que menos soliciten los pisos.

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