El Estado reinicia el pleito por la antigua prisión de A Coruña tras rechazar el Pleno el acuerdo con el Concello

El Gobierno del Estado ha reactivado “recientemente” el pleito por la antigua prisión provincial de A Coruña después de que el acuerdo al que había llegado con el Gobierno local no lograse el apoyo del Pleno cuando se sometió a votación en diciembre del año pasado, tal y como informa el Ejecutivo central al diputado del BNG, Néstor Rego, en respuesta a una de sus preguntas escritas.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) considera que tanto ella como la Dirección General de Instituciones Penitenciarias “cumplieron íntegramente” las obligaciones que habían adquirido en base al convenio firmado en 2005 para que el edificio volviese a manos municipales y que incluía que el Concello tenía que pagar 1,12 millones de euros, y que el Ayuntamiento, sin embargo, no había cumplido su parte, “lo que motivó” —según explica la respuesta del Gobierno— que la Siepse, “tras numerosos intentos de soluciones amistosas” hubiese tenido “que reclamar su cumplimiento por conducto judicial”.

El Ayuntamiento, en octubre de 2014, con el PP en la Alcaldía, emitió un decreto en el que declaraba nulo el convenio firmado en 2005 para la reversión de la propiedad de la cárcel previo pago de 1,2 millones de euros. Sin embargo, la Justicia dio la razón a la propietaria del edificio. La sentencia de la Audiencia Nacional fue ratificada por el Tribunal Supremo, que, si bien decía que el convenio no podía ser anulado, no hablaba de cantidades a satisfacer entre las parte. Con ese fallo en la mano, la Siepse reclamó al Concello 2,81 millones de euros por la reversión del antiguo penal: 1,2 millones, por la diferencia de precio entre el solar de la antigua prisión provincial y el que el Ayuntamiento cedió para la construcción del centro de reinserción social de la Torre, tal y como especificaba el convenio de 2005; 1,12 millones de euros en concepto de intereses, y el medio millón restante, por obras que aseguró haber realizado en el inmueble desde 2011.

Tras varias reuniones y negociaciones, la Siepse acordó realizar una quita de esta cantidad de 516.000 euros, por lo que el Concello tendría que pagar 2,3 millones de euros en caso de querer integrar la antigua prisión provincial en el patrimonio municipal.

El Gobierno local llevó ese acuerdo para su aprobación a la sesión plenaria del 28 de diciembre del año pasado, pero la Corporación lo tumbó. PP, Marea y BNG votaron en contra del acuerdo al que habían llegado el Concello y la Siepse por 2,3 millones de euros. Las dos concejalas no adscritas que consiguieron su acta tras haberse presentado en la lista de Marea Atlántica, pero que decidieron no integrarse en su grupo, Isabel Faraldo y Susana Soneira, votaron abstención y a favor, respectivamente. La tercera concejala no adscrita, Mónica Martínez, no acudió a esta sesión, la primera que se celebró desde que los tribunales acordaron que su nombramiento como responsable de Deportes había sido un acto de transfuguismo.

Tras esa negativa del Pleno a aceptar el acuerdo, fuentes municipales indicaron que no habría más negociaciones con el Estado y que “el Concello pagará lo que obligue la ejecución de sentencia”.

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En la primera sesión plenaria de 2023, Partido Popular, Marea Atlántica y BNG presentaron una moción conjunta en contra del acuerdo extrajudicial al que habían llegado el Ayuntamiento y la titular del edificio. En el texto, instaba al Gobierno local a seguir negociando y a encontrar una vía en la que el Estado asumiese la rehabilitación del penal, puesto que la falta de inversión en el inmueble derivó en su mal estado actual. De esta parte nada dice la contestación del Gobierno, que indica que está “a la espera de la decisión de los tribunales sobre el pleito” que ya “ha sido reiniciado recientemente tras haber rechazado el Ayuntamiento la propuesta de negociación extrajudicial”.

La oposición sigue defendiendo que es posible llegar a un acuerdo de cesión gratuita del inmueble y también lograr el compromiso del Estado para la financiación de la rehabilitación del mismo. Sin embargo, en la sesión plenaria, el portavoz municipal, José Manuel Lage, ya avanzó que las negociaciones habían terminado.

A finales de 2020, el Gobierno local había explorado la vía de recuperar la antigua prisión provincial a través de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, pero estas negociaciones no han dado frutos.

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El Gobierno local tampoco aclaró en este mandato cuál es su plan de usos para este inmueble una vez que haya recuperado su titularidad y tampoco cuál será la hoja de ruta para su rehabilitación. El Ejecutivo municipal estima que serán necesarios treinta millones de euros para su recuperación Durante los cinco meses en los que Rómulo Sanjurjo estuvo al frente de la dirección del área de Cultura —cargo que abandonó a petición propia—, se elaboró en el Concello un proyecto para convertir la antigua prisión provincial en un polo de creación y gestión audiovisual con espacios también para la memoria histórica, la interpretación de la Torre de Hércules y para la actividad vecinal. De este proyecto, que necesitaría fondos europeos para hacerse realidad, tampoco se ha avanzado en los últimos meses.

La Siepse ha reactivado ahora el pleito para que los tribunales decidan cuál es el precio de que la antigua prisión provincial pase a formar parte del patrimonio municipal.

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