El alza del alquiler en 7 de los 12 distritos permite aplicar el control de precios de la ley de vivienda

Siete de los doce distritos postales del municipio coruñés tienen los precios de los alquileres de viviendas tensionados, de acuerdo con la terminología de la Ley de Vivienda recientemente aprobada. El estudio realizado a nivel nacional por la consultora Atlas Real Estate Analytics revela que en esos distritos el coste del alquiler aumentó un 3% por encima del IPC en cinco años, uno de los requisitos que reconoce la nueva legislación para autorizar a las comunidades autónomas a implantar un control sobre los precios. En estas zonas, el suelo cedido por los promotores de forma obligatoria al Concello deberá destinarse a viviendas sociales y no podrá ser vendido por la administración municipal.

La ley no establece qué ámbito geográfico se tomará como base para el cálculo de la evolución del precio del alquiler, ya que esta cuestión quedará en manos de las comunidades y podría ser desde una provincia a un municipio completo o cualquier tipo de división del mismo. Atlas Real Estate Analytics utilizó la fórmula del distrito postal y a partir de ahí cruzó miles de datos provenientes de diferentes fuentes del mercado inmobiliario, lo que dio como resultado que la mayoría de la ciudad está afectada por el fuerte crecimiento del precio del alquiler.

Monte Alto, Pescadería, el sector del Ensanche que rodea a Juan Flórez, A Falperra, Cuatro Caminos, Os Castros, Sagrada Familia, Os Mallos, Barrio de las Flores, polígono de Elviña, Os Rosales, Labañou, San Pedro de Visma y la Ciudad Jardín son las zonas del municipio en las que los alquileres rebasaron en más del 3% el Índice de Precios al Consumo. Ese dato no supone que sean los lugares de A Coruña en los que los arrendamientos sean más elevados, sino que en ellos la evolución al alza ha sido más intensa en los últimos tiempos.

El precio medio del alquiler de las viviendas creció en A Coruña un 24,7% en casi cinco años

Las áreas de la ciudad que por el contrario no superaron el listón del 3%, a pesar de que algunas de ellas ya tenían precios altos, son la Ciudad Vieja, la zona del Ensanche próxima a Riazor, O Castrillón, A Gaiteira, Agra do Orzán, O Ventorrillo y Novo Mesoiro.

El otro requisito incluido en la Ley de Vivienda para calificar una zona de tensionada es que el gasto destinado al hogar —en el que se incluye el de adquisición de los productos básicos— sobrepase el 30% de los ingresos medios de las familias, pero en ninguno de los distritos postales coruñeses se cumple esta condición, de acuerdo con el informe elaborado por Atlas Real Estate Analytics.

La declaración de zona tensionada puede ser solicitada por los municipios o las comunidades autónomas y tendrá una vigencia de tres años, aunque podrá ser suprimida si se comprueba que los precios se han relajado. La aplicación de las medidas de control de los precios que podrán implantarse en las áreas afectadas por este problema será competencia de las comunidades autónomas, aunque habrá que esperar hasta 2025 para que se pongan en marcha, de acuerdo con la ley.

Este año ya existe un tope del 2% para el incremento del precio del alquiler, que subirá al 3% en 2024. Para el año siguiente tendrá que estar aprobado un nuevo sistema que fijará los límites según el tipo de propietario. A los grandes poseedores de viviendas se les aplicará el índice de contención de precios, mientras que a los pequeños se les pondrá como referencia el que tenían hasta ese momento. Las viviendas que se alquilen entonces por primera vez y pertenezcan a un pequeño propietario serán referenciadas al índice de precios del sector.

En el caso de A Coruña, el principal problema que se puede plantear para la puesta en marcha de estas medidas es la negativa del Partido Popular a desarrollar la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas en las que gobierno, como es el caso de Galicia, aunque todavía no ha habido un pronunciamiento de la Xunta en este sentido.

La nueva ley llega al pleno en forma de mociones

La aprobación de la Ley de Vivienda hará que dos de los grupos políticos municipales, PP y Marea Atlántica, hagan de ella el eje de sendas mociones que se debatirán en el pleno del próximo jueves. La de los populares defenderá que el Concello solicite al Gobierno central una negociación con el resto de partidos para elaborar un Pacto Nacional por la Vivienda, ya que Miguel Lorenzo califica a la nueva ley como “el mayor ataque a la propiedad privada que ha habido en nuestro país”. El PP propone que ese pacto incluya un aval del 15% del coste de la vivienda para financiar hipotecas de jóvenes, avales a la fianza de alquiler para jóvenes con rentas medias y bajas, una ayuda de mil euros para la emancipación de los jóvenes, la ampliación del presupuesto del bono joven de alquiler., el reforzamiento de la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante la okupación y la apuesta por la vivienda social, la de protección pública y el alquiler asequible.

Marea, aunque estima que la ley llega tarde y no es plenamente satisfactoria, la considera una “oportunidad que es necesario aprovechar”, por lo que reclama que el Concello declare al municipio como zona tensionada por el precio del alquiler y que aplique las medidas de contención previstas. También plantea que se exija al Gobierno central el desarrollo de las iniciativas que contiene la nueva legislación y a la Xunta que haga posible su aplicación en Galicia y que colabore con los ayuntamientos en las decisiones que estos adopten.

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