Atasco en el contrato de la basura de A Coruña: la última candidata tampoco cumplía los requisitos

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la adjudicación por el Concello en 2020 del millonario contrato de la recogida de la basura a la empresa Cespa —luego absorbida por Prezero— hace que, si se confirma judicialmente su exclusión del concurso, el servicio solo pueda adjudicarse a Valoriza, que tampoco cumplía las condiciones técnicas exigidas en este procedimiento y que fue la que presentó el recurso que motivó este fallo judicial.

Así lo puso de manifiesto el departamento municipal de Planeamiento en febrero de 2019, aún durante el mandato de Marea Atlántica, cuando en el informe que realizó sobre las instalaciones fijas que debían proponer las empresas participantes en el concurso advirtió que la parcela ofrecida por Valoriza, Urbaser y Acciona “no tiene la condición de solar”. Los técnicos destacaron que parte del suelo está calificado como viario público que debe ser urbanizado y cedido al Concello.

Ese terreno, situado en la carretera a los Baños de Arteixo, está además ocupado parcialmente por un edificio industrial, lo que limita la posibilidad de intervención en el mismo de acuerdo con el plan general y, como destaca Planeamiento, “no se admiten obras de ampliación”. Pero también señala ese departamento que “siempre es posible realizar las obras tendentes a eliminar las causas de disconformidad con el planeamiento”, lo que haría posible la realización de todas las obras autorizadas por la normativa urbanística en este lugar.

El Superior anula el contrato municipal de recogida de basura de A Coruña, vigente desde hace tres años

Ese último aspecto abriría la posibilidad de adjudicar el contrato a Valoriza si Prezero perdiese definitivamente el contrato. Para evitarlo, esta última empresa debería recurrir la sentencia del Superior de Galicia ante el Tribunal Supremo, opción que también tiene el Concello, y obtener una resolución favorable a sus intereses.

El informe urbanístico negativo que proporcionó Planeamiento hizo que cuando la propuesta de Valoriza llegó a la Mesa de Contratación al día siguiente, su oferta fuese rechazada. Según el acta de la reunión, al tener que ceder parte de la parcela “se considera que no va a poder cumplir con la obligación establecida en el pliego técnico regulador del contrato en cuanto a los metros cuadrados exteriores exigidos”, que estaban fijados en 5.400.

Ese órgano municipal reclamó a Valoriza un informe sobre la superficie de la parcela de Agrela una vez descontada la superficie que debería ceder al Concello. Pero el de abril de ese mismo año la Mesa volvió a reunirse y acordó sobre esa parcela “entender y aplicar el pliego en el sentido menos restrictivo y de forma que favorezca la concurrencia”. Recordó que el resto de las concursantes tenían el mismo problema con sus propuestas para las instalaciones fijas al no adecuarse a la normativa en ese momento, por lo que señaló que “habría que subsanar” esa cuestión antes del inicio de la prestación del servicio.

La sentencia del Superior es tajante sobre la irregularidad de dicha interpretación menos “restrictiva” en el caso de la oferta de Cespa: considera que la propuesta es “de imposible cumplimiento” y recuerda además que la oferta de FCC fue excluida por motivos semejantes.

El 5 de octubre de 2020 —ya durante el mandato del PSOE— el departamento de Contratación ratificó la permanencia de Valoriza en el concurso —del que habían sido excluidos ya Urbaser, Acciona, FCC y Copasa por incumplir otras condiciones— y finalmente adjudicó el contrato a Cespa por su mayor puntuación por un precio de 11,6 millones y con vigencia hasta 2028.

El Gobierno local todavía estudia si recurrirá la sentencia del Superior

La sentencia del Superior de Galicia fue firmada el 23 de junio. El Gobierno local —que no la hizo pública desde entonces— aseguró a este periódico que está estudiando si la recurrirá y eludió hacer cualquier tipo de comentario sobre su contenido. El Partido Popular lamentó por su parte que este contrato “se vea de nuevo envuelto en la polémica” por su licitación con años de retraso, su adjudicación judicializada y con la exclusión de cuatro licitadores y su ejecución con un conflicto laboral con quema de camiones y una huelga encubierta. Los populares expresan su preocupación porque dos de la causas de anulación del contrato —no disponer del inmueble exigido para prestar el servicio y no contratar a una empresa de economía social— “son evidentes incumplimiento del contrato” que el Concello debería haber comprobado con “un control mínimamente diligente” , máxime cuando ya han pasado dos años desde la adjudicación. Según el PP, esta sentencia, al igual que el caso del sindicato STL, “pone de manifiesto la total falta de control de las concesionarias por parte de Inés Rey”. El BNG estima que se trata de “un capítulo más de un culebrón en toda regla” y afirma que es “necesaria una investigación profunda y rigurosa” que depure responsabilidades y erradique “prácticas más que oscuras en la política de personal de los servicios de limpieza viaria y recogida”. Los nacionalistas destacan que la ciudadanía es la “eterna damnificada” en este proceso y que “traslada diariamente por todas los canales posibles” que el servicio de recogida de residuos “sigue presentando grandes deficiencias”.

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