Congeladora Coruñesa afirma que su desalojo de los terrenos del Estado provocará su cierre

La empresa Congeladora Coruñesa lleva desde 1964 en el relleno de A Pasaxe, los terrenos de la antigua marisma entre la Conservera Celta y Santa María del Mar que se ganaron al mar el siglo pasado para dedicarlo a actividades industriales. Pero de los aproximadamente 16.500 metros cuadrados que posee, unos 5.700 están dentro de terreno estatal, de acuerdo con un deslinde de 2007 que ha sido ratificado en los tribunales, y la Audiencia Nacional ha rechazado este verano que la empresa reciba una nueva concesión para operar en ellos. El Estado podría desalojar la parte de terrenos que le pertenece, y para el administrador de la empresa, Carlos Lavadores, la instalación, en ese caso, “no sería viable”.

Según explica el responsable de Congeladora Coruñesa, la zona de los terrenos que pertenece a la sociedad y aquella que reclama el Estado “no están separadas físicamente” y hay continuidad entre las naves e instalaciones: “Aquí hay un todo, y el todo es una industria”, en la que trabajan diez familias “directamente, indirectamente más, porque hay otras empresas que tienen su delegación aquí”.

En teoría, el cierre de las instalaciones no tendría por qué conllevar el de la empresa, pero Lavadores explica que “habría que desmontar esto”, y “hacer una inversión en otro terreno”, algo que tendrían que decidir los accionistas.

La sentencia de la Audiencia Nacional puede ser recurrida todavía ante el Tribunal Supremo a través de un recurso de casación, pero Lavadores no aclaró ayer a este diario si la sociedad tomará esta decisión para defender sus intereses. Tampoco si, en caso de que el Estado forzase el desalojo, podría presentar algún tipo de oposición legal o para reclamar comensación.

La Audiencia Nacional ratifica que las empresas del relleno de A Pasaxe, en A Coruña, deben abandonar la zona

En cuanto a Demarcación de Costas, responsable de los terrenos, no dio una respuesta oficial a sidesalojará los terrenos, aunque fuentes conocedoras de la actividad de este organismo público explican que primero se tendrá que examinar la sentencia. Esto se aplica también al caso de otros 449 metros cuadrados concedidos para talleres metalúrgicos, contra cuya concesión también ha fallado la Audiencia Nacional este verano.

Lavadores considera que la concesión se le retira “no por la forma, sino por el fondo”, y que si esta se hubiese permitido específicamente para la conservera, y no para un fin industrial genérico, él podría seguir realizando su actividad. También pone en cuestión el “concepto que tiene de recuperar Costas” para hacerse con los terrenos.

El administrador de Congeladora Coruñesa argumenta que “si has permitido edificabilidad sobre una playa y luego la desmontas, recuperas la playa, pero este caso es distinto”. Para Lavadores, antes del relleno, esta zona de la costa era “una parte insalubre, rocas, piedras, no tenía ninguna utilidad”, y se ganó terreno al mar para “con la idea de que se coloquen industrias para que haya riqueza”. “Aunque Costas recupere el terreno, este no será lo que había antes: es un terreno que convertirá en zona verde o algo por el estilo”, argumenta, con lo que la finalidad no es la recuperación sino un “beneficio” para el Estado, algo que, aunque sea legal, le parece una “contradicción”.

El Concello presentó a principios del año pasado un plan para modificar el urbanismo de la ría de O Burgo, del que fuentes municipales señalan que aún se está “trabajando en la redacción del documento”. Incluye crear una senda verde por el terreno ganado por Costas, además de reducir la edificación en el conjunto del litoral.

Deslinde en 2007

Congeladora Coruñesa, que se dedica al almacenamiento de mercancías congeladas y refrigeradas, así como a alquilar a oficinas y espacios de estacionamiento de camiones, lleva más de quince años pendiente de la pérdida de terrenos y oponiéndose a ella judicialmente. En 2007 se conoció la propuesta de deslinde para el litoral de A Pasaxe, que determinó que casi todo el terreno ganado al mar pasase a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Esto conlleva que la propiedad pase al Estado, y, también, la prohibición de construir sobre él.

Contra esta decisión recurrieron los descendientes del empresario que transformó los terrenos, Julio Wonenburger, así como el ex director general de Inditex Juan Carlos Rodríguez Cebrián, propietario de las antiguas empresas de La Toja y Conservera Celta y el Banco Pastor. Pero la Audiencia Nacional, y luego el Supremo, confirmaron el deslinde, perjudicando a empresarios que habían invertido en la zona durante la burbuja inmobiliaria con la perspectiva de construir en ella.

En cuanto a Congeladora Coruñesa, su contencioso contra el deslinde fue rechazado por el Alto Tribunal en 2012, y, dos años después, el Estado declaró también que su concesión para ocupar los terrenos estaba caducada. Entre sus argumentos estaba que la empresa no ha había tratado de regularizar la situación de la parcela en terreno público tras el deslinde, y que no la había mantenido en buenas condiciones.

Congeladora Coruñesa aprovechó entonces la aprobación de la Ley de Costas de 2013, que permitía alargar las concesiones de dominio público si eran previas a la aprobación de esta durante 75 aos, para presentar una nueva reclamación y pedir una nueva concesión. Pero, según interpreta la Audiencia Nacional, la sociedad no es propietaria de los terrenos ni tiene derecho a la concesión.

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