Un muro para la vergüenza en la antigua cárcel de A Coruña

La indiferencia, el menosprecio y la lentitud política se empeñan en convertir el edificio de la antigua prisión provincial de la Torre, valioso por su memoria, su arquitectura y su emplazamiento, en un ejemplo moribundo del desdén al que puede llegar la administración. Desde que cerró como penal, hace ahora catorce años, el inmueble solo se salvó del olvido los pocos meses que duró el debate sobre sus posibles usos futuros, entre los que sobresalió, por lo llamativo, el de convertirlo en parador, y los intentos municipales, en los mandatos del bipartito PSOE-BNG y de Marea, de recuperarlo para el uso público.

Al margen de ello, todo su protagonismo se ha limitado al pleito entre el Estado y el Ayuntamiento sobre si el segundo debía pagar al primero por el inmueble. La Justicia reconoció el derecho del Estado a cobrar y ahora se ha abierto otro frente judicial para determinar la cantidad, después de que la oposición en pleno tumbase el acuerdo del Gobierno local socialista con el Ejecutivo central.

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Mientras el asunto posesorio se eterniza en los tribunales, el deterioro de la cárcel se agudiza. Después de años con inversiones nimias en su mantenimiento, el Estado ha decidido levantar unos muros con bloques de cemento para “evitar la entrada de personas desde el exterior”, aunque a simple vista no parece difícil superarlos. Ese muro, similar a los que se levantan en algunas obras, ensucia aún más la estética del viejo edificio en una localización especialmente protegida, por situarse en el entorno de un monumento patrimonio de la humanidad, la Torre de Hércules.

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Como actual propietario del edificio, el Estado está obligado a cumplir con sus deberes de conservación y mantenimiento, que ha abandonado desde 2012. Hasta diciembre, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) solo destinó 22.846 euros a “conservación y mantenimiento” y “obras” en el inmueble, según figuraba en su desglose de la deuda acreditada que incluía el expediente del pacto frustrado entre el Concello y el Estado para integrar la prisión en el patrimonio municipal. En cambio, en “seguridad”, “servicios de seguridad”, “actuaciones de seguridad” y “vigilancia” en el mismo periodo, la factura se elevó a 902.000 euros.

La antigua cárcel coruñesa requiere atención urgente y cuidados extremos, sin esperar a las sentencias judiciales. O el Estado rehabilita el edificio o lo que la ciudad recibirá cuando el pleito termine no será un inmueble histórico, sino solo el muro de cemento que lo circunda desde esta semana.

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