Así debaten los profesionales coruñeses la propuesta de congelar el alquiler en la ciudad: de “buena noticia” a “error grave”

El Ayuntamiento pidió este martes a la Xunta que declare la ciudad “zona de mercado residencial tensionado”, una posibilidad prevista en la reciente Ley de Vivienda y que conllevaría medidas como congelar los precios de los nuevos alquileres, dar incentivos fiscales a los propietarios que los rebajen o fiscalizar a los grandes propietarios. El municipio, en el que los precios del arrendamiento han subido casi un 30% en cinco años, cumple los requisitos para adquirir esta categoría, y la alcaldesa, Inés Rey, defendió este viernes que la oferta de pisos “no responde a la demanda”. Pero entre los profesionales del sector y las agrupaciones sociales no hay consenso: arquitectos y vecinos apoyan la medida, pero la Asociación de Inquilinos, los agentes de la propiedad y los promotores creen que será contraproducente. Solo hay acuerdo en un punto: pedir que aumente la vivienda pública.

Según la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, la petición municipal “es una cuestión de sensatez". “A Coruña es una zona tensionada: solo cerrando los ojos puedes decir que no lo es”, defiende Varela, que señala que los colegiados “accedemos a las casas, hacemos informes, y nos encontramos con los problemas de infravivienda, con dónde viven las personas que están con salarios mínimos o jornadas parciales: desde el punto de vista social, hablamos de una emergencia habitacional”.

El Concello de A Coruña pide congelar los alquileres y aplicar rebajas fiscales a quienes disminuyan los precios

Declarar la ciudad como zona tensionada también sería una “buena noticia” para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y del área Metropolitana, Luisa Varela. “Hay que congelar los alquileres, no pueden estar subiendo de esta manera”, defiende la líder vecinal, que señala que en épocas de inicios de curso como la actual hay “muchos problemas” para que los estudiantes consigan un lugar en el que vivir. “Para mí, consecuencias negativas ninguna: si las hubiese serían para los fondos buitre, que son los que tienen la mayoría de los pisos de alquiler”, afirma, aunque el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, señala que el 95% de los arrendadores son pequeños propietarios.

Pero para la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Coruña, Patricia Vérez, la petición del Concello se ha tomado “sin hablar antes con nosotros ni con el resto de los agentes sociales”, y recuerda que la Ley de Vivienda ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas. Esta legislación, considera, va a “perjudicar” a los inquilinos y “crea mayor inseguridad jurídica”. Además, según argumenta, las medidas para topar los alquileres son contraproducentes. En Berlín, afirma, hubo caídas a corto plazo pero luego “disminuyeron las viviendas disponibles”, y en Francia “tampoco resultó una medida positiva”, algo en lo que coincide Yáñez, que señala que su asociación, que participa en varios foros con el Concello, se ha “enterado por la prensa” y que cree que la decisión va a espantar a los arrendadores.

Esta es también la postura de la abogada de la Asociación de Inquilinos, Verónica Urreaga, que defiende que en la ciudad “hay zonas que no están tensionadas” y que, en las que sí hay problemas, la congelación de precios es una “barbaridad” que llevará a los propietarios a vender los pisos o mantenerlos cerrados. “Al desaparecer pisos del mercado salen perjudicados los inquilinos”, resume.

¿Cuánto durarían las medidas para contener el precio del alquiler en A Coruña que pide el Concello?

La alternativa, para ambas, pasa por construir más vivienda pública, algo que Urreaga indica que “llevamos pidiendo desde hace 30 años”. Vérez pide a la Administración que asuma “la función social de la vivienda” y no la intente hacer “recaer en los ciudadanos”. Para eso reclama un pacto de Estado que se ocupe de “políticas de promoción de vivienda asequible y social”, así como de transformación y activación de suelo público. En España, señala, las viviendas de protección oficial son el 1,5% y la media europea es del 9,3%. Yáñez indica que la vivienda pública se dirige a las capas “más absolutamente desfavorecidas” y, pese a que la ve positiva, cree que para las clases medias y medias-bajas hay que fomentar la oferta privada, algo para lo que pide al Concello que agilice licencias y fomente la conversión de bajos en residencias.

En A Coruña no hubo promociones públicas de vivienda entre 2012 y 2022: la Xunta sacó para alquilar 40 pisos este año y tiene 98 en proyecto, mientras que el Ayuntamiento construye cinco en Marqués de Pontejos y está obligado por un acuerdo de 2017 a levantar otros 50 que no ha empezado.

Así se regula el alquiler en los mercados tensionados de vivienda

En este punto, la presidenta de los arquitectos coruñeses coincide con Vérez. “Una vez que declaras zona tensionada no te puedes quedar ahí”, insiste Ruth Varela, que cree que la “medida principal” tendría que ser “intensificar, o casi mejor empezar, un parque de vivienda pública de alquiler” para evitar “consecuencias imprevistas” de la congelación de precios: “Tenemos ciudadanos sin vivienda, y hay que dársela”. El arquitecto Iago Carro, miembro del colectivo Ergosfera, ve en todo caso “tardanza” en el Concello a la hora de impulsar la zona tensionada, y defiende que hay que “experimentar” con controles de precios, pero cree que “ninguna medida va a ser suficiente por sí sola, por lo que apuesta por impulsar la vivienda pública, reformar las ayudas a la rehabilitación y estudiar “incentivos” para sacar al mercado las viviendas vacías.

En Cáritas Interparroquial tienen programas para ayudar a personas sin recursos a acceder a la vivienda, y su directora en A Coruña, Pilar Farjas, cree precisamente que la declaración de zona tensionada puede llevar a los propietarios a sacar sus viviendas del mercado de arrendamiento e irse al “piso turístico”, que “está compitiendo de forma importantísima”, con el alquiler convencional: la solución, considera, es construir más vivienda pública y sacar al mercado los pisos vacíos.

Suscríbete para seguir leyendo