La Audiencia Nacional niega a otra empresa su continuidad en el relleno de la ría en A Pasaxe

Nuevo varapalo judicial a una de las empresas asentadas en el relleno de A Pasaxe que intentaba garantizar su continuidad en ese lugar pese a que el deslinde efectuado por la Demarcación de Costas en 2006 determinó que se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre. Tras las recientes sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaron que Congeladora Coruñesa y un taller metalúrgico deben abandonar sus actuales instalaciones, es ahora Grupo Atlántico, una empresa dedicada a la reparación de automóviles, la que recibe una resolución en el mismo sentido, aunque, al igual que sus predecesoras, tiene la opción de plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Pese a que el recurrente argumentó que el terreno que ocupa es de su propiedad por haberlo adquirido hace 33 años, la Audiencia Nacional ratifica que se trata de suelo público que formó parte de una concesión administrativa que se declaró caducada en 2014 y que es imposible que se transforme en un bien privado.

La finca que ocupa Grupo Atlántico forma parte del relleno efectuado en 1933 por el industrial Julio Wonenburger sobre una marisma de la ría de O Burgo gracias a la concesión a perpetuidad que le concedió el Estado. Tras desecar la superficie, allí se fueron instalando a lo largo del tiempo diferentes empresas, entre las que este taller lo hizo en 1990 después de adquirir una parcela de 2.532 metros cuadrados a la entonces Caixa Galicia.

Congeladora Coruñesa afirma que su desalojo de los terrenos del Estado provocará su cierre

Pero el deslinde de Costas dejó la totalidad de esos terrenos en la franja de protección del litoral que reserva el Estado. Grupo Atlántico inició entonces acciones judiciales para oponerse a esa decisión, pero primero la Audiencia Nacional y finalmente el Tribunal Supremo en 2012 determinaron la legalidad de la decisión adoptada. La compañía había solicitado además en 2007, poco después de aprobarse el deslinde en la ría, una concesión administrativa en el lugar que ocupan ya sus instalaciones. Una vez que se concluyó el expediente, en 2018 el Ministerio de Transición Ecológica se negó a autorizarla al considerar que Grupo Atlántico no disponía de la titularidad de los terrenos, que correspondía a Wonenburger, quien había solicitado la primera concesión, lo que ya figuraba en la causa judicial que concluyó en 2012.

Esto hizo que la empresa presentara un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el que destacó que la finca que ocupa fue adquirida en 1962 por Constructora Coruñesa, quien levantó allí una nave destinada a la función de metales fue comprada en 1990 por Grupo Atlántico. La compañía hizo alusión a que la parcela aparece inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad, por lo que reclamó que se le concediera una concesión administrativa sobre la misma o que, en caso contrario, se estableciese un justiprecio para indemnizarla por no poder hacer uso de ella.

La Abogacía del Estado recordó que en 2014 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar declaró caducada esta concesión por incumplir la obligación de conservar las obras en un buen estado. También recordó que se había concedido mediante una ley de 1928 que, aunque establecía la perpetuidad de la concesión, no preveía que los terrenos pudiesen pasar a ser una propiedad privada.

Otro aspecto que destacó es que la Ley Hipotecaria advierte de que “la inscripción [de una propiedad en el Registro] no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes”, por lo que consideró que si Grupo Atlántico inscribió la finca a su nombre pese a ser una concesión administrativa, “los asientos del Registro no serán suficientes para impedir la recuperación de los terrenos”.

La espera por el desalojo llega ya a 17 años

Aunque hace ya 17 años que la Demarcación de Costas aprobó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en esta zona de la ría de O Burgo, las construcciones industriales siguen allí en pie, a la espera de que concluyan las iniciativas judiciales puestas en marcha por sus propietarios para tratar de evitar su marcha. A esto se suma la pervivencia en el mismo lugar del último de los habitantes del asentamiento chabolista que existió en A Pasaxe durante décadas, ya que, tras haber sido realojados todos los demás residentes, este se niega a trasladarse a una vivienda en la que no pueda seguir desarrollando su actividad laboral como chatarrero. Costas retiró ya, sin embargo, 6.000 toneladas de escombros y residuos que se amontonaban en el lugar y explanó el terreno que ocupaba la antigua fábrica de La Toja y el desaparecido poblado. El relleno construido por Julio Wonenburger hace ahora 90 años es uno de los lugares por los que debe discurrir la senda litoral que tanto la Demarcación de Costas como el Concello pretenden crear desde el límite municipal con Culleredo hasta la playa de Oza. Para hacerlo posible es necesario primero aprobar la modificación del plan general en esta zona, que en la actualidad está a la espera de que se redacte el documento definitivo, tras haber superado el pasado verano el trámite de la evaluación ambiental. La iniciativa prevé reducir de forma significativa la edificabilidad autorizada hasta ahora en este tramo de costa.

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