El Estado prorroga la vigilancia de la antigua cárcel a falta de acuerdo con el Concello para recuperarla

La reapertura de las negociaciones entre el Concello y el Gobierno central sobre la antigua prisión provincial y la falta por el momento de un acuerdo entre ambas partes llevan a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) a prorrogar el contrato de vigilancia del edificio que se inició el 24 de agosto y concluyó ayer. Ese documento ya preveía la posibilidad de ampliar su duración durante un máximo de dos meses, aunque por el momento se hace tan solo hasta el 31 de diciembre.

La decisión de dotar de vigilancia al edificio —que costó 68.000 euros hasta ahora, a los que se añadirán 16.900 más— se adoptó tras el desalojo el 19 de julio de una persona que se introdujo en el mismo y por el riesgo que supone el deterioro del antiguo recinto penitenciario. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, informó durante el pleno que el miércoles aprobó el presupuesto municipal el reinicio de las “gestiones” con el Estado para “abrir una nueva negociación” con el fin de que la cárcel pase a ser propiedad del Concello, en cumplimiento del pacto de investidura de la alcaldesa, Inés Rey, suscrito por PSOE y BNG.

Un muro para la vergüenza en la antigua cárcel de A Coruña

Durante el pasado mandato, el pleno rechazó dar su visto bueno al acuerdo al que se había llegado para la entrega del inmueble a cambio de 2,3 millones de euros, lo que suponía una reducción de 516.000 euros sobre lo que la administración central exigía al Concello.

PP, Marea Atlántica y BNG expresaron su negativa a pagar ninguna cantidad, lo que llevó a la Siepse a iniciar el proceso para que se fije la cuantía de lo que debe abonarle el Concello. Aunque en aquel momento Rey negó la posibilidad de que se volviera a negociar, tras ser reelegida alcaldesa declaró a este periódico que lo haría “hasta la extenuación” y que intentaría lograr “un acuerdo de pagar cero”, aunque recordó que una sentencia firme obliga al Concello a compensar al Estado.

Lage advirtió además el miércoles que el restablecimiento de la negociación con el Gobierno central se efectúa “sin que eso presuponga ningún resultado”.

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