El indulto al edificio Fenosa, de A Coruña, permite a los dueños sacar pisos a la venta por más de medio millón

La antigua sede de Fenosa en el número 2 de la calle Fernando Macías, cerca de la plaza de Pontevedra, se encuentra en una de las zonas más demandadas y caras de la ciudad. Pero según el portal inmobiliario Idealista, que mantiene un histórico de las ofertas de este inmueble antes de 2019 no hay anuncios de venta en el edificio. Desde entonces se subieron más de una decena, entre ellos cinco pisos por un valor medio de 516.000 euros. Un sexto anuncio, activo ahora, pide 650.000 euros por una vivienda. Esta entrada en el mercado coincide en el tiempo con el fin del proceso judicial en el que estuvo implicado el edificio entre 1997 y 2019, a raíz de una licencia de obra ilegal concedida por el Ayuntamiento. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaba a que había que “proceder a su demolición” y reconstruir el inmueble hasta volver al estado anterior a la obra. Esto implicaba gastos millonarios al Concello, y obligaba a informar a posibles compradores.

En 2019 el denunciante de la irregularidad llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para renunciar a que se cumpliese la sentencia. Aunque los términos del pacto todavía no se han cumplido por completo y el demandante ha vuelto a llevar al Concello a los tribunales, cesó la amenaza sobre el edificio, y volvió al mercado. Además de los pisos citados, se puso una oficina en venta en 2022 por 440.000 euros, y hay otra actualmente disponible por medio millón.

Desde 2019 se han puesto anuncios, al menos, de cuatro locales del edificio Fenosa, por una media de 476.500 euros y un trastero por 12.500, mientras que por un “garaje”, posiblemente una plaza de aparcamiento, el dueño pedía 39.500 euros en 2021. En cuanto a los alquileres, ya hay anuncios al menos desde 2016, y el precio medio que se ha pedido por trece viviendas desde entonces es de 1.159 euros mensuales.

Demanda al Concello de A Coruña: el denunciante del edificio Fenosa pide al juez que lo obligue a construir los pisos de Xuxán

Probablemente hayan salido más pisos a la venta, ya que no todos se anuncian en los portales inmobilarios con la dirección precisa. Actualmente, hay publicado en varios portales una oferta de un piso con 131 metros construidos, que bajan a 100 considerando los útiles, por 650.000 euros.

Y hasta inicios de mes estaba en esta misma página una oferta de un piso de cuatro habitaciones por 695.000 euros en el edificio Fenosa, que sigue publicada en otro portal inmobiliario. El precio está por encima de las posibilidades del ciudadano medio: de acuerdo con esta última página, aún aportando unos 139.000 euros en metálico, el piso todavía necesitaría una hipoteca con una cuota de 2.475 euros mensuales durante treinta años.

Los problemas para poner en el mercado sus propiedades fue una de las quejas de los vecinos del edificio cuando se reunieron con el denunciante de las irregularidades en 2017. El entonces administrador de la propiedad, Juan José Castelo, expuso que los dueños no podían vender las viviendas al estar inscrita la sentencia del Supremo en el Registro de la Propiedad.

El demandante, el arquitecto Valentín Souto, mantuvo un pulso con el Concello durante más de veinte años. Su relación con el edificio empezó en 1997, cuando, después de la fusión de Fenosa con Unión Eléctrica y el traslado de su sede a Madrid, sacó a concurso la reforma del edificio para adaptarlo a viviendas y locales comerciales. Souto se presentó a este, pero poco después la empresa vendió el inmueble a la constructora Fadesa y obvió el concurso. La empresa realizó una reforma, y el arquitecto denunció que esta incumplía las normas urbanísticas: el Concello, por aquel entonces con Francisco Vázquez en la Alcaldía, le concedió la licencia ilegalmente, sin el estudio de detalle preceptivo.

La vivienda nueva en A Coruña es un lujo: promotores y arquitectos explican por qué las promociones son tan caras

En 2001 el Superior ordenó demoler las obras, y un lustro después el Tribunal Supremo lo ratificó. Pero el Gobierno local fue interponiendo recursos para evitar ejecutar el fallo, pues le obligaría a correr con gastos millonarios. Cuando el Partido Popular llegó a la Alcaldía siguió la misma línea, argumentando que se podría legalizar el edificio con cambios menores, pero tampoco consiguió el apoyo de los tribunales.

Finalmente, ya con Marea Atlántica en el Gobierno local, el demandante y el Ayuntamiento acordaron un pacto para evitar cumplir la sentencia y esquivar el correspondiente descuadre para las cuentas municipales, estimado en unos 60 millones de euros. El pacto, firmado en febrero de 2019, incluía que el Concello reconociese que fue “responsable de la ilegalidad urbanística” y que actuó en el proceso judicial de manera que “dista mucho de los dictados de la buena fe”, además de indemnizar a Souto con una cantidad cercana a los tres millones.

Condición por cumplir

Pero la obligación más onerosa para el Ayuntamiento era levantar un edificio de medio centenar de viviendas sociales en Xuxán, una obra que todavía no ha salido a concurso un lustro después. De hecho, el propio Souto interpuso este año una demanda ante el juez para que la Justicia obligue al Ayuntamiento a construir el edificio. Pocas semanas después, el Concello aprobó el proyecto para construir el inmueble, aunque este todavía no se ha empezado.

El proyecto se contrató en diciembre de 2020, en el primer mandato de la alcaldesa Inés Rey, y tendría que haberse entregado en septiembre del año siguiente, si bien el Gobierno local no lo presentó hasta febrero de 2022. Entonces, la regidora prometió que el concurso para realizar la obra saldría ese año.

En enero de 2023 hubo un cambio de versión. El Ayuntamiento afirmó que esperaba por una línea de ayudas del Gobierno gallego, con fondos europeos, para construir el edificio, aunque podría haber contratado la obra y recibir la subvención ya empezada, o haberla sufragado con fondos propios. El año pasado, la Xunta le concedió 2,4 millones, que financiarán parcialmente una obra de 10,2 millones, según el proyecto anunciado en febrero, u 11,7 millones, si se tiene en cuenta los cálculos que figuran en los presupuestos municipales de este año. El coste se ha ido incrementado a partir de la estimación original de 2019, que cifraba la construcción del edificio en unos ocho millones.

Suscríbete para seguir leyendo