“Pretendo que la Fiscalía tenga una actitud más cercana con las víctimas de violencia de género”

Miguel Armenteros cerró su etapa como fiscal jefe del área de Ferrol para volver a su casa y convertirse en el nuevo máximo responsable de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Lo afronta, dice, como “un gran reto personal y profesional”, siendo muy consciente de la “responsabilidad” que conlleva, aunque con tareas pendientes para mejorar la administración.

Cuando se habla de justicia, inevitablemente hay que nombrar el retraso que existe en la resolución de algunos asuntos. ¿Es la gran asignatura pendiente?

Sí, yo creo que la gente tiene esa visión de que es una administración más lenta que otras, no a lo mejor en eficacia en sí, pero sí en lo que se refiere a la prolongación de los procedimientos. La imagen que tiene la gente, y probablemente justificada, es que se tarda mucho en dar una respuesta. Parece que otras Administraciones, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, avanzaron de una forma más clara, que están más modernizadas. La Administración de justicia parece más antigua y más lenta, aunque yo creo que estamos en un momento de evolución y de modernización.

¿En qué sentido?

En los últimos tres años se ha avanzado en modernización lo que no se había avanzando en décadas. Hay que recordar que digitalizar, que es algo que se hizo por ejemplo con el Registro Civil, es simplemente pasar un expediente que estaba en papel al digital, pero aquí de lo que se trata realmente es de que haya un expediente judicial electrónico que se tramite de forma rápida y que haya una conexión directa entre los juzgados y las fiscalías o entre los juzgados entre sí para la remisión y recepción de documentos telemáticamente. Esto hará que todo sea mucho más rápido y mucho más fácil. No digo que se vaya a solucionar todo, pero el expediente digital va a ayudar mucho.

¿Qué juzgados se ven más afectados por el colapso?

Tengo que decir que acabo de llegar a esta Fiscalía y todavía tengo que analizar bien con detalle la situación que hay de retraso y de colapso en los distintos juzgados y en los distintos órdenes jurisdiccionales. Pero sí sé que hay jurisdicciones que están más sobrecargadas, como la social y la civil. Ahora mismo las leyes procesales tampoco ayudan mucho, porque hay leyes que son muy antiguas y que no contienen procedimientos ágiles o que sean un poco efectivos sino que contienen procedimientos demasiado complejos y con muchos trámites. Ya se han hecho reformas y se están haciendo más que esperamos que puedan también ayudar a agilizar los procedimientos. Todo tiene que ir acompañado siempre con inversión, porque faltan medios personales y medios materiales en justicia, falta más personal, más jueces, más fiscales, más letrados de administración de justicia, más funcionarios y más medios materiales.

¿Es necesaria la cooperación y colaboración entre fiscalías en Galicia?

Sin duda. La ventaja que tiene la Fiscalía respecto de los juzgados en este sentido es que los juzgados son más independientes entre sí. La Fiscalía es una, aunque luego se divida en determinados órganos. En Galicia tenemos a la Fiscalía Superior, que es la que coordina el resto de fiscalías, luego tenemos fiscalías provinciales y en determinados también hay fiscalías de área, como la de Ferrol, que es de la que vengo yo. La coordinación es muy importante y yo creo que, en cierto modo, es fácil de conseguir.

¿De qué manera cree que le puede ayudar su experiencia en Ferrol en esta nueva etapa?

Tengo que decir que creo que esa experiencia me va a ayudar mucho. Aunque en Ferrol las cosas probablemente son más sencillas y con una plantilla más pequeña, allí fuimos bastante pioneros en la provincia en implantar el expediente judicial electrónico antes incluso de que fuese obligatorio. Allí empezamos a experimentar con él y a día de hoy está funcionado de forma muy efectiva en Ferrol. Un problema que se plantea, que creo que es importante, es que todavía estamos en un momento de coexistencia entre el papel y el expediente judicial electrónico. Eso produce bastantes confusiones.

Ese expediente digital es una parte buena de las nuevas tecnologías, pero también existe la parte mala que vemos con los delitos por internet. ¿Cómo se afronta esa situación?

Siempre se dice que el delincuente va por delante de la sociedad y de los que persiguen esos delitos porque siempre surgen nuevas formas de cometerlos. Cualquier avance tecnológico que se hace, que normalmente siempre se hace para bien, es utilizado por ciertas personas siempre de la forma perversa. Lo estamos viendo continuamente. Yo creo que todos recibimos mensajes y correos fraudulentos, incluso llamadas con las que pretenden engañarnos para realizar determinadas transacciones económicas. Es muy complicado luchar contra esto, pero tenemos que estar a la altura con los conocimientos específicos en la materia. En Fiscalía tenemos fiscales especialistas en criminalidad informática, uno por provincia, y también en las fiscalías de área hay un enlace que coopera con ese fiscal delegado. Luego hay una red a nivel nacional que culmina en un fiscal delegado de la Fiscalía General del Estado en materia de criminalidad informática. Además, como muchas veces en este tipo de delitos el dinero se va al extranjero o el responsable está en el extranjero, es difícil de perseguir. Por eso, yo lo que propongo, y lo que vamos a hacer en la medida de lo posible, es buscar más coordinación entre esos fiscales especialistas en criminalidad informática y, por otro lado, otros fiscales que son especialistas en cooperación penal internacional. De hecho, acabo de abrir la convocatoria para el nombramiento de un fiscal delegado provincial en cooperación internacional porque estaba la plaza vacante.

¿Son los casos de violencia de género lo que más le preocupa?

Sí, sin duda. Es verdad que se ponen medios, se han creado juzgados, se han hecho muchas reformas legislativas en materia de violencia de género y se ha especializado la Fiscalía. Parece que es difícil avanzar y los datos no ayudan. Es evidente que la Fiscalía actúa a posteriori, no previene ni forma. También es verdad que si se actúa bien, tiene consecuencias de prevención. Los datos nos preocupan, pero si comparamos la situación con hace muchos años, entonces las víctimas no se atrevían a denunciar y en los juzgados no tenían un tratamiento diferenciado. Ahora tienen derecho a asistencia jurídica y psicológica. Eso ayuda a reforzar su posición y a que se sienta más segura. A veces no es solo la pena que se le pueda imponer al autor del delito, es también el trato que se le da a la víctima y que sienta que se le respalda. Una cosa que pretendo hacer es que la Fiscalía tenga una actitud más cercana con las víctimas. Pero hay otros asuntos concretos que me preocupan.

¿Como cuál?

Las víctimas, si en ese momento tienen una relación de pareja con el maltratador, tienen el derecho a no declarar. El resto de testigos tienen la obligación de declarar. Esto nos crea muchas veces situaciones de impunidad. La víctima no declara, no hay otras pruebas y se llega a una sentencia absolutoria, cuando a lo mejor hay una situación real de peligro. Ese derecho existe, pero lo que queremos es que, con cercanía, la víctima esté perfectamente informada de las consecuencias que puede haber si usa ese derecho y asegurarnos de que lo hace con absoluta libertad, que no tenga presión por parte del propio agresor o de su entorno. Esto se da bastante a menudo, no estoy diciendo algo muy excepcional. También queremos incidir en las víctimas en el ámbito rural, que están más desprotegidas.

“Vamos a hacer un estudio de los casos de ocupación problemáticos”

Hay asuntos que preocupan a la sociedad y que están de actualidad como las ocupaciones ilegales o los robos. ¿De qué manera los aborda?

Yo sé que el tema de la ocupación preocupa muchísimo a la gente y es lógico que sea así. Preocupa al propietario del bien ocupado y a los vecinos que viven cerca porque muchas veces esos pisos generan molestias continuas. Es un tema de los primeros que voy a plantear en las reuniones que voy a tener con la Policía Judicial para ver exactamente el alcance de la problemática. Vamos a hacer un estudio de los casos problemáticos, aunque algunos ya están judicializados. En los que sea así, vamos a intentar que la Fiscalía tenga un comportamiento todavía más proactivo y que los procedimientos tengan una respuesta adecuada. Además, hay dos formas complementarias: luchar contra la ocupación en sí y los delitos que se derivan de esa ocupación, como el tráfico de drogas, que es bastante habitual.

¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que se encuentran?

Pisos abandonados sin dueño conocido. Eso complica. Es mucho más fácil luchar contra la ocupación si tenemos dueño conocido que interpone denuncia y que tiene el título de propiedad. En los inmuebles abandonados podemos luchar más con la segunda vía de las actuaciones o actividades que se puedan desarrollar en el inmueble.

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