El Concello, la Xunta y el Estado se citan para sellar el acuerdo que transforme la fachada marítima

La ordenación urbanística de los muelles interiores y su titularidad, los usos futuros en los terrenos que queden liberados de la actividad portuaria, el mantenimiento de actividades industriales, la deuda del Puerto por la construcción de la dársena exterior. Estos son las principales cuestiones que reúnen esta mañana en el Palacio de María Pita a las administraciones que tienen en sus manos la transformación de la fachada marítima de A Coruña. Una operación que trascenderá este mandato porque persigue la integración urbana entre el puerto y la ciudad, y que estará determinada por la creación de un nuevo marco jurídico en el que plasmar las futuras actuaciones en los muelles urbanos, la manera de afrontar esa deuda y la posible constitución de un consorcio interadministrativo. Todo quedará recogido en un protocolo que, según indica la convocatoria de la Xunta, será sellado hoy.

El primer intento para definir el borde litoral de 800.000 metros cuadrados, dejó cabos sin atar en febrero de 2021, entre ellos la financiación para asumir la deuda. Tras meses de negociación, ahora sobre cada asunto se conocerán decisiones más concluyentes en la cita de hoy. Concello, Xunta y Estado pondrán la firma a un acuerdo que, en caso de tratarse de un protocolo, no sustituiría aún a los convenios de 2004 que establecieron la financiación del puerto exterior mediante la venta de varios de los muelles interiores. Todo apunta a que será una cita histórica porque, además de la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado; estarán el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; y el presidente de Adif, Ángel Contreras.

El Concello

La Administración local firmó con la Xunta, el Estado y el Puerto los convenios de 2004 con el Gobierno de Francisco Vázquez en María Pita. Diecisiete años después, con otro Ejecutivo socialista, el Concello apostó en julio por pagar casi 20 millones de euros para hacerse con el 75% de la propiedad de la Batería y Calvo Sotelo, y abrió la puerta a que el 25% restante lo aportasen el Estado, la Xunta y la Diputación. Esa propuesta, surgida como respuesta a otra anterior de la Xunta para hacerse con el control de los mismos muelles abonando 20 millones por el 51% de su valor, decayó meses después, al negarse el Concello a hacerse cargo del mismo porcentaje, 75%, del coste de la urbanización de los muelles.

Convenios con vigencia discutida

Cualquier cambio en el plan general que se impulse en los muelles —desde Batería y Calvo Sotelo que ya se han abierto al público y a actividades no portuarias, hasta San Diego, donde el planeamiento prevé la construcción de viviendas— debe ser aprobado por el Concello coruñés Los gobiernos local y autonómico han asegurado que se mantendrá la titularidad pública del suelo, por lo menos para los muelles del centro. El modelo de concesiones como el espacio de la Fundación Marta Ortega parece el modelo a seguir.

La Xunta

La Administración gallega tiene en sus manos la aprobación definitiva de cualquier modificación del plan general, por lo que será determinante en las que afecten a los muelles. La Xunta, firmante de los acuerdos de 2004, apostó también por adquirir parte de la Batería y Calvo Sotelo, aunque tras el encuentro de este mes con Inés Rey su presidente, Alfonso Rueda, resaltó que el “nuevo marco jurídico y un nuevo marco de trabajo consensuado entre todas las administraciones” debe garantizar la titularidad pública de los muelles y los ingresos necesarios para la viabilidad de la Autoridad Portuaria”.

Concello y Xunta propondrán al Estado un pacto sobre los muelles en el que sigan siendo públicos

El Puerto

El ente presidido por Martín Fernández Prado, cargo asignado por la Xunta, asume una deuda con el Estado y el Banco Europeo de Inversiones por la construcción de punta Langosteira que a día de hoy supera los 267 millones. La “reestructuración” de esa deuda que avanzó la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita a la ciudad ya fue un compromiso que el Estado ofreció en febrero de 2021, y que hoy deberá concretarse más. El Puerto prevé reducir a 125 millones el endeudamiento de 200 que tiene con Puertos del Estado, para lo que necesita importantes ingresos por su actividad o por concesiones y autorizaciones en los próximos años para amortizar el préstamo.

Ministerio de Transportes y Puertos del Estado

Los organismos estatales reiteran hoy, como hace tres años, que no es posible la condonación del Puerto de A Coruña por Langosteira, una medida que han reclamado en los últimos años el Concello, la Xunta y el Puerto. Todas las administraciones apelan a “buscar soluciones” vinculadas a esa reestructuración. En 2021, el entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, defendía la venta de los muelles, postura que se apoyaba en la “difícil situación financiera” a la que había llegado el Puerto. Hoy, ante un futuro más alentador por la previsión de ingresos de la Autoridad Portuaria, el Estado debe exponer cómo se afronta la deuda.

Dos protocolos sin un acuerdo de futuro para los muelles urbanos de A Coruña

Adif

El administrador de infraestructuras ferroviarias tiene en el muelle de San Diego su foco de interés principal ya que en esa zona, donde las concesiones de operadores finalizan en 2027 (al igual que en el muelle Petrolero), está en funcionamiento la estación de mercancías. Hay que concretar si Adif quiere mantener allí esta infraestructura, en un ámbito en el que se desarrolla importante actividad industrial que la Autoridad Portuaria defiende que permanezca en los muelles urbanos y no en localizaciones periféricas.