El Superior rechaza la demanda de los dueños del edificio Fenosa para acelerar su legalización

El Tribunal desestima el recurso de la comunidad de propietarios para que el Concello cumpla el acuerdo que cerró el caso

El Concello comenzó a tramitar el cambio urbanístico hace cinco años sin haberlo llevado aún a pleno

Fachada del edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías.

Fachada del edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías. / Víctor Echave

Marcos Mosquera

Marcos Mosquera

El caso del edificio Fenosa agota su vía judicial. Con el acuerdo extrajudicial entre las partes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera ejecutada la sentencia que pesa sobre el inmueble por la licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento a finales del siglo pasado. Así lo concluye en sendos autos en los que rechaza los recursos del demandante, por un lado, y de la comunidad de propietarios, por otro, por lo que consideraban dejadez del Ayuntamiento en cumplir aquel acuerdo.

Los dueños de las viviendas y locales del inmueble de Fernando Macías reclamaban el “efectivo cumplimiento” de la cláusula por la que el Ayuntamiento se comprometía a modificar el Plan General de Ordenación Municipal para la legalización del edificio. Tras escuchar las alegaciones municipales, el Tribunal concluye que “no existe constancia del incumplimiento de lo conveniado” y que, en todo caso, la “sentencia ya fue ejecutada con la homologación de los convenios”. Las discrepancias sobre el cumplimiento de los acuerdos deben, advierte el tribunal, seguir otra vía, primero administrativa ante el Ayuntamiento y después judicial.

El convenio que evitó el derribo del edificio Fenosa ordenado por el Tribunal Superior en 2001 se alcanzó en enero de 2019, bajo el mandato de Marea Atlántica, para, defendió el Ayuntamiento, evitar el pago de indemnizaciones por importe de 60 millones de euros por la concesión del permiso urbanístico ilegal en 1997. Una parte de ese acuerdo estipulaba el compromiso municipal de modificar el planeamiento con el objetivo de conferir al inmueble la categoría de “edificio singular”, con el objetivo de legalizarlo.

El Ayuntamiento cumplió su obligación de incoar el expediente en los tres meses siguientes a la homologación judicial de los acuerdos. Lo hizo en abril de 2019, pero, desde entonces, el proceso se ha dilatado y ni siquiera ha llegado a pleno para su aprobación inicial.

En noviembre de 2019, ya con el PSOE en el Gobierno local, el Ayuntamiento adjudicó la redacción del cambio urbanístico, que no fue aprobado por la Junta de Gobierno Local hasta más de dos años después, en enero de 2022, para someterlo luego a evaluación ambiental por parte de la Xunta, que emitió su informe en abril. Con él, el equipo redactor elaboró una nueva propuesta, que aún no se ha sometido a la aprobación inicial por el pleno.

El Superior señala en su auto, contra el que cabe recurso, que “no corresponde a este órgano judicial fiscalizar el seguimiento de la tramitación de la modificación” del plan general. Será tras su paso por la Corporación local cuando la comunidad de propietarios, señala el Tribunal, “tendrá la oportunidad de alegar lo que considere en el trámite de información pública” para alegaciones.

En un auto también de este mes, el Superior rechazó el recurso del demandante por el incumplimiento de otra parte del convenio, el compromiso del Ayuntamiento de levantar un edificio de 50 viviendas sociales en Xuxán. Al igual que a la comunidad de propietarios, el Superior le indica que el Gobierno local ya ha dado pasos para construir el inmueble, si bien la tramitación se demora desde hace años: la redacción del proyecto se inició en 2020 y el replanteo no se firmó hasta este febrero. Parte de la demora se debe, según el Concello, a la búsqueda de financiación externa. La obra deberá estar finalizada antes del 30 de junio de 2026 o, de lo contrario, se perderían el total o parte, según el grado de ejecución, de los cerca de 2,5 millones de euros de financiación europea recibidos, según consta en el acuerdo de concesión de la subvención firmado por Concello, Xunta y Estado.

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