El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha remitido a la Sala de lo Penal el caso del fichaje del jugador de fútbol brasileño Neymar da Silva, después de que la acusación particular que ejerce el Grupo DIS pida seis años de prisión para el exjugador del Barça, por lo que éste será juzgado finalmente por tres jueces y no por uno.

Según informaron fuentes jurídicas, el Juzgado Central de lo Penal que preside el magistrado José María Vázquez Honrubia sólo se encarga de procedimientos en los que para los acusados se pida una pena no superior a los cinco años de prisión. A pesar de que Neymar lleva procesado dos años en la Audiencia Nacional, la fecha de la vista oral aún no ha sido fijada y ahora es cuando Vázquez Honrubia ha reparado en que el caso debe ser juzgado por la Sala de lo Penal. Ahora se hará el reparto entre las secciones, pero en la terna no se incluirá la cuarta, ya que es la que fue resolviendo los recursos durante el plazo de instrucción, por lo que no puede juzgar este asunto al conocer la causa.

Además del jugador, están procesados sus padres y los que fueran presidentes del Barça y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodríguez, respectivamente, el Santos, club de origen de Neymar, el Barça y la empresa familiar del delantero, N&N Consultoria Esportiva y Empresarial por participar presuntamente en las irregularidades para inflar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros para Neymar. Para Rosell reclama la pena más alta, cinco años de cárcel, al que acusa de estafa y de corrupción. Solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves, mientras que el primer directivo del Santos, su presidente Odilio Rodríguez, se enfrenta a una petición de tres años.

En cuando a los clubes, a los que el Ministerio público atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones de euros a la que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica. El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4 millones.

El fiscal del caso, José Perals, no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación del actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en las irregularidades del fichaje, por lo que le deja fuera de su acusación. Sin embargo, la acusación particular que ejerce el Grupo DIS sí solicita cinco años de prisión para él.

Las negociaciones para la contratación de Neymar, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron, según la Fiscalía, el libre mercado del fichaje y perjudicaron al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado según las reglas de la libre competencia "y pudiera obtener una mayor cantidad por el traspaso".