La Xunta refuerza el control del impacto ambiental de parques eólicos y líneas de evacuación

El análisis de las posibles repercusiones en el entorno natural de un parque eólico y las infraestructuras de evacuación no acaba con la declaración de impacto positiva y las exigencias que las administraciones pueden imponer al proyecto a cambio de su beneplácito. Por ley, la evaluación ambiental se extiende a la fase de construcción y también cuando se encienden las instalaciones obligando a presentar un informe periódico de seguimiento “sobre el cumplimiento de las condiciones y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias”. En el caso de Galicia, el órgano competente para los parques de menos de 50 megavatios (MW) de potencia es la Dirección Xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturais de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, que acaba de habilitar un nuevo procedimiento para mejorar el control.

“Los informes de seguimiento ambiental contienen abundante documentación sobre el control de los posibles impactos sobre el medio ambiente que estas instalaciones pueden ocasionar durante su construcción y funcionamiento”, resalta la consellería en la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El formato de presentación ya dificulta las cosas. Lo más habitual es que los informes se presenten en documentos cerrados, lo que “impide la explotación adecuada de esta información”. En plena polémica por el aluvión de recursos administrativos y contenciosos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por las decenas de proyectos aprobados en los últimos meses, la administración autonómica lanza “unos indicadores comunes para el seguimiento de los factores ambientales más relevantes” para “normalizar la puesta a disposición de esta información”.

Entre otros criterios, el manual requiere una medición de ruido al menos por año “en los puntos de control más sensibles y con mayor probabilidad de recepción del ruido originado por la instalación”. Hay que hacerlo en plena actividad, cuando estén en funcionamiento el 70% de los aerogeneradores como mínimo. La declaración de impacto medioambiental marcará los puntos de supervisión para prestar especial atención “a la aparición de fenómenos erosivos”. Establece cinco niveles: estable, ligeramente erosionada, moderada, crítica y severa. A partir del segundo escalón, “se deberán concretar medidas”, desde rellenos a revegetaciones.

Durante los tres primeros años de actividad, se programará una visita a cada máquina cada 30 días para cuantificar la mortalidad de aves y murciélagos, “identificando si existen patrones temporales y/o estructurales”.

Después, la inspección será anual y se actualizarán los censos de ambas especies. La resolución incorpora para los parques y las líneas eléctricas umbrales “de alerta” o “críticos” para asegurar que se toman medidas en caso de que la tasa de mortandad aumente.

El sistema actual fallaba también por “la falta de homogeneidad” en los periodos temporales que abarca cada informe. “Dificulta el manejo de los datos —insiste—, por lo que resulta necesario que todas las instalaciones en funcionamiento adapten el ámbito temporal de sus informes al año natural”. Es decir, desde el mes de enero a diciembre.

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