El BCE se desprenderá de 38.000 millones de deuda pública española

La cantidad es 2,6 veces superior a la del año pasado | La medida, que forma parte de su lucha por reducir la inflación, obligará a las administraciones nacionales a buscar otros compradores

Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort.

Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. / Armando Babani

PABLO ALLENDESALAZAR

Las finanzas públicas se enfrentan este año a un reto importante. El Banco Central Europeo (BCE) reducirá a lo largo de 2024 su cartera de deuda pública española (estatal, autonómica y local) en unos 38.000 millones de euros, 2,6 veces más que en 2023, según cálculos elaborados a partir de la información que publica la institución.

La medida, que forma parte de su lucha por reducir la inflación, obligará a las administraciones españolas a buscar otros compradores. Durante el año pasado, el sector público no tuvo problemas para encontrarlos, todo lo contrario. Pero la progresiva salida del BCE de la deuda pública de la zona euro supone un riesgo para los países más endeudados de la unión monetaria, como España, en el caso de que haya tensiones en los mercados.

La autoridad monetaria, así, tenía unos 4,23 billones de euros en deuda pública de la eurozona a finales del pasado ejercicio, fruto de las compras masivas que realizó entre marzo de 2015 y junio de 2022 para evitar la deflación hasta 2020 y después, una debacle económica durante la pandemia.

La espiral inflacionista llevó al BCE a dejar de aumentar las compras en julio de 2022, pero durante un tiempo siguió reinvirtiendo todas las cantidades que recibía por la deuda cuyo plazo iba venciendo. En marzo de 2023, el BCE dejó de reinvertir parte de esa deuda que se iba amortizando, con lo que su cartera comenzó a adelgazar. En julio elevó la parte que no reinvierte y en la segunda parte de 2024 la incrementará de forma adicional, hasta poner fin a las reinversiones en 2025.

Reto creciente

Será, eso sí, un proceso paulatino: la vida media de la deuda pública que el BCE tiene en su cartera supera ligeramente los siete años, lo que implica que hay títulos con un plazo de vencimiento mucho menor y otros, mucho mayor (a modo de ejemplo, el Tesoro español tiene deuda emitida a tres meses, pero también, a 50 años). Pero la dirección está clara. El objetivo del BCE es endurecer aún más la oferta y precio de la financiación en la zona euro (por la vía de una menor demanda por su parte de la deuda pública, que sirve de referencia al crédito bancario y a la deuda empresarial), para enfriar con ello el consumo y la inversión de hogares y empresas y moderar así la inflación.

No se trata de un reto nuevo para las finanzas públicas españolas, pero sí de creciente dimensión. El BCE ya redujo su cartera de deuda pública española en unos 14.300 millones de euros el año pasado, lo que equivale a en torno el 2,8% de la que tenía a finales de 2022. Los 38.000 millones de 2024 suponen el 7,7% de los algo más de 494.000 millones en deuda española que el BCE tenía a finales de 2023 (en torno al 80% de ella, emitida por el Estado y el resto, por las administraciones autonómicas y locales). Salvo cambio de planes, la cifra de 2025 será aun más abultada.

La disminución de la deuda pública española en manos del BCE del año pasado, eso sí, fue absorbida con creces gracias al incremento de las compras por parte de los inversores privados. En el caso de la deuda estatal, el banco central redujo su cartera de deuda del Tesoro en 11.558 millones hasta octubre (último dato disponible). Los inversores privados, en cambio, compraron títulos por más de 89.000 millones netos, con lo que absorbieron tanto la reducción de la deuda del banco central (11.558 millones) como el aumento en 77.564 millones de la deuda total (que se situó en 1,31 billones). A la cabeza de las compras se situaron los inversores extranjeros (41.014 millones) y los hogares (21.554 millones, debido a su euforia por las letras del Tesoro).

Demanda alta

Los inversores privados, así, están aprovechando el incremento del interés de la deuda pública provocada por el alza de los tipos oficiales por parte del BCE: las emisiones de deuda estatal tuvieron el año pasado un tipo medio del 3,44%, frente al 1,35% de 2022 y el 0,04% negativo de 2021. Lo relevante es que ese aumento de tipos no ha venido de la mano de problemas del Estado para financiarse, al contrario de lo sucedido en la crisis de la deuda de 2012. El alza del interés de la deuda emitida ha sido inferior al de los tipos de referencia, que están en el 4,5%.

La demanda sigue siendo alta, como demuestra la emisión de un bono a 10 años que el Tesoro realizó el miércoles, con peticiones de compra que fueron nueve veces mayores que la cantidad colocada y las más elevadas registradas para una emisión soberana en la historia del euro. Además, la prima de riesgo —diferencia de rentabilidad entre el bono español a 10 años y el alemán de referencia en las compraventas entre inversores privados, indicador del riesgo de impago a ojos del mercado— estuvo el año pasado estable en torno a los 100 puntos básicos. “Es el reflejo de la elevada confianza de los inversores en nuestra economía y en las perspectivas económicas de España”, aseguró el martes pasado el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo.