Días después de que el PP presentase la reforma de la ley del suelo como la última oportunidad de "devolver a los ayuntamientos el protagonismo urbanístico", el BNG hace su propia valoración del cambio legislativo al advertir de que colocará a Galicia "en la situación de hace 10 ó15 años". Los nacionalistas criticaron ayer por "liberalizadoras" las modificaciones de la ley del suelo que pretende realizar la Xunta porque "carecen de motivos justificados".

Así lo afirmó en rueda de prensa el alcalde de Allariz, Francisco García, para quien los cambios en la ley acabarán con el crecimiento ordenado y sostenible, con la mejora de dotaciones o con la recuperación de tipologías urbanísticas tradicionales. Según García, que también es vicepresidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), es "falso" que estas modificaciones legales respondan a las propuestas hechas por la Fegamp en 2007, tal y como "justifica públicamente" el Gobierno gallego. Además, García aseguró que la reforma ni siquiera coincide con ninguno de los planteamientos realizados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando era conselleiro de Política Territorial. El portavoz nacionalista acusó a Feijóo de "utilizar la Fegamp como simple pretexto para una modificación de calado, con espíritu liberalizador y que promueve la dispersión poblacional".

Según el regidor ourensano, si se aprueba la reforma que propone la Xunta, la ley beneficiaría lo privado en detrimento de lo público; contribuiría a relajar las condiciones para declarar suelo como edificable; y favorecería la dispersión y el éxodo ciudad-rural, la pérdida de valores tipológicos propios de los núcleos de población y también la desvertebración de los asentamientos en el territorio. Acompañando a García estaba ayer en Santiago el concejal nacionalista de Obras de Pontevedra, César Mosquera, quien también criticó el cambio previsto en la reforma en la definición de suelo urbano, que contribuirá a que "proliferen como hongos las urbanizaciones sin dotaciones de ningún tipo y sin cargas".

Desde el PP no tardaron en responder a las críticas nacionalistas. El portavoz popular en materia de Urbanismo, Román Rodríguez, aseguró que la reforma de ley del suelo que pretende hacer la Xunta se basa en un documento aprobado "unánimemente" en 2006 por la Fegamp, por tanto, por su vicepresidente, Francisco García, quien "ahora la critica". "¿A qué García hay que hacerle caso, al que apoyó el documento, o al que rechaza ahora que se plasme la modificación de la ley?", se preguntó en un comunicado Rodríguez, según el cual las "contradicciones" del BNG "evidencian su falta de seriedad y de criterio". Además, acusó al Bloque de "absolutamente neocentralista" y de "desconfiar de los ayuntamientos, por lo que gobernó durante cuatro años dándoles la espalda".