La Xunta se plantea tratar por ley como retornados a los hijos y nietos de emigrantes

Es sólo un borrador, pero ya ha levantado ampollas. El anteproyecto de la Lei do Retorno que prepara la Xunta y que ha comenzado a distribuir entre los centros gallegos en la diáspora ya ha recibido sus primeras alegaciones. Provienen de Suiza y se basan en que la normativa es sólo "un rediseño de carácter administrativo", que no aporta ningún servicio que les apoye en la vuelta a su lugar de origen. Las entidades suizas de emigrantes consideran "imprescindible" que se reconozcan derechos para acceso a vivienda, autoempleo, educación o integración socio-laboral, aunque desde la Secretaría Xeral da Emigración aseguran que habrá políticas "transversales" para que todas las consellerías impulsen recursos para este colectivo.

Dos de las cuestiones que denuncian los gallegos desde la diáspora ya están en estudio por parte de la Xunta. Se trata de la propia definición de emigrante retornado y del tiempo en que se extendería tal condición y, por tanto, los beneficios de la legislación autonómica. En el primer caso, el texto sólo contempla el primer grado de consanguinidad y, ante las alegaciones, ya se plantea la posibilidad de extenderlo al segundo grado. La Secretaría Xeral recuerda que el Gobierno central debería haber definido ya esta figura por ley pero, ante la ausencia de referencia, se configurará un nuevo concepto.

En el caso de la duración de los servicios específicos de la Lei do Retorno, fuentes de la Xunta creen que técnicamente podría alargarse a dos años, tiempo suficiente, dicen, para decidir permanecer en Galicia y conocer el entorno. Será en vía parlamentaria, aseguran, donde se establecerá el plazo, que el Gobierno gallego está dispuesto a negociar. Será este mismo año, según fuentes de Emigración, cuando el borrador entre en la Cámara gallega con el objetivo de que esté aprobado antes de que acabe la legislatura.

Otra de las críticas que hacen los emigrantes es la "duplicidad" que seguirá existiendo a la hora de los trámites ante la Xunta y el Gobierno central. Fuentes autonómicas explican que las competencias que tiene cada administración no se pueden aunar -como es el caso de las pensiones o prestaciones económicas o educación, que pertenecen al Estado-, pero se comprometen a que el plan de apoyo de la ley incluirá todo el asesoramiento necesario para que la burocracia no sea un obstáculo para los recién llegados. "Están en una situación de vulnerabilidad y queremos subsanar esa situación", explican.

La diáspora en el país centroeuropeo también exige que, al margen de poner en marcha una Oficina Galega do Retorno en Galicia, también se instalen en los países de dónde proceden que es, defiende, "donde comienza el proceso de retorno". Pide, a mayores, que en los concellos pueda haber también delegaciones de asesoramiento.