Las excavadoras han comenzado 2012 con más órdenes de derribo de edificaciones en A Coruña que en ninguna otra provincia de la comunidad. Hasta en siete ocasiones se han presentado en municipios coruñeses para echar abajo viviendas unifamiliares, galpones, casetas o piscinas construidas o levantadas ilegalmente. Pontevedra tiene seis casos, Lugo cinco y Ourense dos. En los tres primeros meses del año se han ejecutado 20 demoliciones encargadas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el 26% de la cantidad total registrada en 2011, año en el que se produjeron más derribos, 72.
Oleiros, Arteixo, Cambre, Paderne, Muros, Noia y Ribeira son los concellos de A Coruña en los que las máquinas han tenido que intervenir en el derribo de construcciones por infracciones urbanísticas graves o muy graves contra el territorio cometidas por sus propietarios. Todos salvo Cambre son municipios costeros, aunque en el caso de Paderne es muy escaso el territorio bañado por el mar.
Un 36% (7 de 20 casos) de los derribos ejecutados en 2012 afecta a viviendas unifamiliares cuya construcción ha presentado irregularidades. Uno de estos casos se localiza en el concello de Arteixo: se trata de una casa de una planta con garaje y con vistas al mar levantada sobre suelo rústico de especial protección de costas; su infracción se califica como muy grave, por lo que las excavadoras irrumpieron en la propiedad en marzo y procedieron a echar abajo la vivienda.
Otras infracciones urbanísticas de alta gravedad se detectaron en Paderne, Cambre y Noia. En el primero de estos municipios se cometió una doble irregularidad sobre un terreno sujeto a triple protección (de espacios naturales, de costas y paisajísticas) a orillas de la ría de Betanzos, donde se abrió expediente a la construcción de dos casetas y la instalación de una autocaravana en una superficie vallada y posteriormente se procedió a la demolición y retirada en el mes de marzo.
En Cambre los técnicos de Medio Ambiente ordenaron el derribo de un galpón a medio construir con sus cimientos asentados en un terreno rústico de protección de aguas, mientras que en Noia una edificación inacabada sin ningún tipo de vinculación a explotación agropecuaria tuvo que ser demolida por atentar contra la protección natural del suelo.
El levantamiento de casetas metálicas y letrinas en Ribeira y la construcción de piscinas y pequeñas edificaciones para almacenamiento dentro de fincas también han sido objeto de expedientes y sanciones en propiedades de Oleiros y Muros. La APLU acometió a comienzos de año la demolición de estas construcciones y el proceso de tapado de los emplazamientos destinados a las piscinas en suelos muy cercanos a la costa por la violación de la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En zonas costeras de otras provincias las infracciones detectadas que han acabado en orden de derribo afectaron a viviendas unifamiliares a pocos metros del mar, como en el caso de dos construcciones de Sanxenxo que atentaron contra la ley de costas y otro en Ribadeo sobre suelo rústico protegido. En Pontevedra se demolieron, entre otras, una nave industrial en Barro asentada en suelo que debería estar desocupado y unos bungalós ilegales alineados al borde de la playa en Moaña. En Ourense se contabiliza el derribo de una vivienda en A Rúa y un alpendre en San Cibrao.
