José Luis Álvarez, el empresario asturiano que destapó el caso Pokemon y que está imputado, reconoció que la empresa Cechalva se hizo con la concesión de la grúa de Lugo a pesar de no cumplir con el pliego de condiciones. "Ahora entiendo que nos la dieron a dedo gracias a las influencias de uno de los socios que nos llevó a Galicia, entonces sólo sabía que se falsificaron algunos documentos para enmascarar nuestras carencias", recalcó Álvarez, que el miércoles declaró durante seis horas.
Según el empresario asturiano, sobre el que no pesa ninguna medida cautelar, "la sociedad tenía un depósito para los coches más pequeño de lo exigido, se ofertaron 16 empleados cuando había 10, se inflaban partidas... Todo era para que el Ayuntamiento pagase más por menos, aunque la verdad nunca se hizo una inspección".
La versión de Álvarez ante la juez coloca al constructor Manuel Santiso, ligado al Grupo Vendex, como uno de los artífices de la concesión. "Santiso nos llamó diciéndonos que estaba interesado en la grúa de Lugo, llegamos a un acuerdo y se consiguió", señaló el empresario, que figura como socio con el 0,5% de las acciones. Alvarez terminó mal con sus socios y alega que no sabía de sus tejemanejes.
