La sentencia del 'Prestige' desenredará la madeja del pago de indemnizaciones

La sentencia será leída el próximo miércoles, día 13, en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado julio.

Este macrojuicio, el de mayores dimensiones celebrado en Galicia, fue declarado visto para sentencia por Pía el pasado 10 de julio, después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos.

Están acusados en este proceso el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas del buque, su compatriota Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, que se enfrentan a penas de cárcel de 5 a 12 años.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclamó durante la vista oral 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la 'marea negra' que produjo el hundimiento del buque, un vetusto petrolero monocasco.

Es seguro que ninguno de los tres acusados entrará en la cárcel aunque sean condenados, ya que tanto el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, como los letrados de las diversas acusaciones particulares así lo han solicitado, además de superar todos ellos los setenta años.

Dadas sus dimensiones, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, el macrojuicio se celebró en el recinto ferial de A Coruña y su coste superó el millón de euros.

La Fiscalía argumentó durante la vista oral que la condena del capitán del buque es la única alternativa para conseguir que la operadora y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, hagan frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apuesta para ello por la aplicación del Código Penal español.

La armadora Mare Shipping, por su parte, ya ha dejado claro que no tiene intención de abonar más allá de los 22 millones de euros que se vio obligada a depositar en el juzgado de Corcubión, que instruyó la causa, y reivindica su derecho a acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil (CRC) por derrame de hidrocarburos de 1992.

Esta norma, a la que España está suscrita, limita la responsabilidad de las navieras en el accidente en base a las toneladas de arqueo bruto del petrolero en caso de que se demuestre que su actuación no fue negligente.

Para evitar tener que hacer frente a sus responsabilidades en caso de una sentencia que condene al capitán, la aseguradora y la naviera iniciaron a principios de año un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles ante la decisión del tribunal, al que España no se sometió.

España rechazó este arbitraje al considerar que un Estado soberano no tiene por qué someterse a un proceso que lidera una jurisdicción extranjera y alegó que se estaba celebrando en su territorio el juicio, el escenario "legítimo" para delimitar las responsabilidades por la catástrofe medioambiental.

A partir de ahí, los daños deberían ser compensados desde el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), cuyo límite para este accidente es del 151 millones de los que ya ha abonado unos 120.

Así las cosas, es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial en caso de que la aseguradora sea condenada para lograr la ejecución de la sentencia o tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial, que se presenta como la alternativa más viable.

Además, el celebrado en A Coruña es el segundo juicio emprendido por España por la catástrofe del "Prestige" tras el que tuvo lugar en Estados Unidos contra American Bureau of Shipping (ABS), la clasificadora que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar.

Este proceso resultó un varapalo para España, ya que el pasado año el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York rechazó definitivamente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros contra ABS al considerar que no había pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro.

Para desenredar este embrollo judicial habrá que esperar a la sentencia que se conocerá el miércoles.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a la deriva frente a Fisterra (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un vertido de más 67.000 toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La compleja instrucción del caso prolongó enormemente el proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder celebrarse el juicio.