El caso Prestige estaba abocado a naufragar. La sentencia más esperada por el mayor juicio en la historia de Galicia y uno de los más importantes de Europa se quedó vacía. Tanto como lo estuvo el banquillo de los acusados, según denunciaron ya durante la fase de instrucción algunas de las partes personas y también reconoció el propio juez, Juan Luis Pía, cuando el pasado mes de julio dejó visto para sentencia el proceso.

No fueron imputados todos los implicados en la marea negra -tanto políticos como del entramado empresarial del viejo monocasco-, un juzgado pequeño como el de Corcubión tuvo que lidiar con el sumario más prolijo de la historia gallega, los cambios de juez durante los nueve años que se prolongó la investigación fueron continuos, la causa tiene múltiples ramificaciones internacionales, hubo anomalías en los peritajes y desacuerdo de la mayoría de las partes personadas? Son algunas de las causas que atascaron ya desde un primer momento la investigación de la mayor catástrofe en Europa y que hacían presagiar un juicio descafeinado y una sentencia que no resuelve las controversias del proceso: cuál fue la causa del siniestro y qué opción hubiera sido mejor para minimizar el alcance del chapapote.

Hasta nueve años tardó el juzgado de Instrucción de Corcubión en cerrar la fase inicial del caso Prestige. Los continuos cambios de juez -hasta seis magistrados tomaron las riendas de la investigación-, sumados a la complejidad de una causa con implicaciones internacionales, con comisiones rogatorias y acciones en una docena de países, entre ellos Filipinas Rusia o China, muchos intereses en juego y más de 5.000 partes personadas en un primer momento y las anomalías en los peritajes retrasaron el procedimiento. Los problemas derivados de la elección de un juzgado pequeño y escaso de personal para instruir la investigación no tardaron en salir a la luz.

Ya en 2003, apenas unos meses después de que el Prestige se partiera en dos a 128 millas de Fisterra, el entonces titular del juzgado de Corcubión fue trasladado. Fue el primero y el más comentado de los cinco cambios de instructor que le sucedieron. Esta situación, unida a la falta de personal en el órgano judicial ralentizó aún más la llegada del esperado juicio, diez años después de la catástrofe.

La misma Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña que en el undécimo aniversario de la marea negra del Prestige absolvió a todos los acusados fue la que en octubre de 2009 -entonces compuesta por otros jueces- decidió revocar la decisión de la instructora de Corcubión de no imputar al entonces director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. En su auto, los magistrados Ángel María Judel-Prieto, José María Sánchez Jiménez e Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras achacaron al único cargo público que finalmente se sentó en el banquillo el "rumbo suicida" del Prestige. Entonces el tribunal advertía que la decisión de alejar el petrolero de la costa gallega cuando empezaba a perder fuel no fue "ni razonable" ni "prudente". "Un error clamoroso", "peor imposible", un "desacierto en la gestión de la crisis", sentenciaron. La "imprevisión" de las autoridades marítimas españolas y "su consentimiento y complacencia con un rumbo suicida" provocaron, a su juicio, un resultado que "empeoró" el daño ya causado el ecosistema.

"Por confiar exclusivamente a la suerte o al azar el destino de un buque, como si ese destino no estuviera anudado al del medio ambiente marino y al de la costa, se incurre en reproche penal. La suerte siempre sintió debilidad por la eficiencia y esta brilla por su ausencia en la gobernanza de la crisis", expusieron en 2009 de la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña.

Cuatro años después, el tribunal de esa misma sala concluye que ni hubo rumbo "suicida" ni "errático" por parte de López-Sors, que la gestión de la crisis fue "profesional" y que la Administración española actuó de forma "eficaz".