Revisión a fondo o eliminación. El diagnóstico de economistas consultados por este periódico es unánime: el impuesto de plusvalía municipal debe ser suprimido o, al menos, reformado en profundidad por "injusto" y exagerado". Los expertos coinciden al advertir de que en la actualidad muchos inmuebles se venden con pérdidas y pese a ello los contribuyentes tienen que asumir ese pago; y además se enfrentan a una doble imposición al tributar como ganancia en el IRPF.

Para el decano del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel Vázquez Taín, o bien debe desaparecer este tributo y ser compensados los concellos, o bien podría regularse como un recargo en el IRPF sobre estas ganancias patrimoniales por parte de los concellos para que siguiesen manteniendo su corresponsabilidad fiscal. "Lo lógico sería su reforma en el marco de la financiación local, corrigiendo la doble imposición y sus disfunciones", defiende Taín. Su homólogo en Pontevedra, Juan José Santamaría Conde, insiste en que debería evitarse la doble imposición. Y mientras no se acometa una modificación, propone que sea deducido, en cuota, en los impuestos estatales cedidos a las comunidades de transmisiones o en el de sucesiones y donaciones, según proceda.

Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública dela Universidade de Santiago, advierte de que en grandes ayuntamientos, desaparecidas las bonificaciones y aplicando tipos máximos, han convertido este impuesto en "injusto por exagerado".

Alberto Vaquero, economista de la Universidade de Vigo, apuesta por cambios importantes en el diseño de este impuesto o directamente su eliminación. "Una alternativa es establecer un recargo en el IRPF en el tratamiento de esta ganancia que fuese para el ayuntamiento", apunta Vaquero, para quien resulta "evidente" que "no se pueden suprimir impuestos locales sin darle una compensación a los ayuntamientos".

En la misma línea, Xoaquín Leiceaga, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, rechaza su supresión y defiende la necesidad de solucionar la doble imposición a través del IRPF. "De esta forma los concellos conservarían los recursos del impuesto y los ciudadanos no sufrirían esta doble imposición" de un tributo -apunta- "mal diseñado".