Un revés judicial pone contra las cuerdas al sector agrario gallego, asfixiado por los años de crisis, la pérdida de la mitad del empleo en apenas una década y el envejecimiento del rural. Desde Bruselas llegaron ayer malas noticias para el campo gallego: la Xunta ha sido condenada a devolver a Europa 760.000 euros en ayudas agrícolas a explotaciones ganaderas por irregularidades en el control de las exigencias para recibirlas y que fueron detectadas por la Comisión Europea. Así lo confirmó ayer el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tras rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy en octubre de 2013 por la decisión de la Comisión Europea de excluir determinados gastos de la financiación comunitaria. La decisión de Bruselas afecta a indemnizaciones por el concepto de "desventajas naturales" correspondientes al programa de desarrollo rural 2007-2013 de Galicia, con cargo a los ejercicios de 2008 y 2009 bajo el mandato del bipartito. El resultado: una corrección del 5% por irregularidades y la consiguiente devolución de 757.968 euros.
Este pago a Europa ya fue realizado por el Ejecutivo gallego en 2013 a raíz de la auditoría realizada por la Comisión Europea en el año 2010, tal y como recordó ayer la Consellería de Medio Rural. El departamento dirigido por Rosa Quintana destaca que la Comisión Europa ha reconocido "en diversas visitas" la "plena conformidad" con la normativa comunitaria de la gestión efectuada de esas ayudas por la Xunta desde entonces. Las cifras de ejecución de las asignaciones realizadas al sector en el marco de los fondos Feader, destacan desde Medio Rural, "mejoraron" en los últimos años. "La media del 19,6% de ejecución que se realizaba en 2007-2008 creció hasta el 67% en 2009", detallan.
Desde Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego manifestaron ayer su "preocupación" por la resolución del Tribunal de Justicia de la UE aunque admitieron que este desenlace era "previsible". Para Roberto García, secretario xeral de UUAA, "por primera vez, no se trata tanto de un problema de fondos como de criterios de reparto". En este sentido, denunció que el Gobierno "tiene la intención de, lo que pide de tratamiento diferenciado a Bruselas, renunciar a ponerlo en práctica cuando depende de él hacerlo". "Reivindican una cosa en Bruselas y hacen otra cosa", cuestionó García. En el punto de mira, el SLG pone a la Consellería de Medio Rural, a la que achaca haber actuado con "irresponsabilidad" al hacer un plan "en el que no hubo participación de los agentes sociales". "Esa fue una de las primeras causas de devolución", cuestionó desde el SLG Lara Barros, quien además advirtió de que "pueden poner en peligro los planes de incorporación" al rural.
Según la Comisión Europea, los controles realizados en Galicia tenían deficiencias, por lo que insistió en recontar los animales de las explotaciones y en respetar la carga ganadera como valor medio de todo el año. Ambos son criterios u obligaciones para poder recibir ayudas por desventajas naturales.
Para el TGUE, no hacerse controles sobre el terreno el día de la inspección es un incumplimiento de las normas de controles de esas explotaciones en las que las superficies por las que se percibieron ayuda fueron objeto de la corrección, informa Efe.
