"Deben adherirse más concellos a la APLU, no se crea un problema al derribar una obra ilegal"

-Es lo segundo. Hay que pensar que la agencia echa a andar a finales de 2008 yen 2009 se empieza a generar un volumen de expedientes: en torno a 400-500 al año. Una parte importante se va resolviendo en el ejercicio en curso pero al acumularse de otros años las órdenes de reposición de la legalidad aumentan.

-En los últimos años, ¿los inspectores de la APLU aprecian una mayor concienciación o los dueños actúan más conforme a la ley por temor a la multa?

-La gente toma cada vez más conciencia de que se debe actuar bien. Es difícil que hoy en día una persona afronte la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas en un terreno prohibido. Ahora bien, seguimos detectando construcciones de fin de semana donde el uso residencial está prohibido. La gente piensa que la ocupación es menos intensa si solo vivo un día a la semana en una caravana o una casa prefabricada que en una casa. La ocupación es ilegal, ya sea una vez a la semana o los 365 días al año en una vivienda unifamiliar.

-El 90% de las reposiciones ya se hace de manera voluntaria.

-Hemos conseguido concienciar de que la Agencia es un organismo eficaz y que actúa con rigor. Además, el 90% de nuestras resoluciones son confirmadas por los tribunales. La gente se da cuenta que no merece la pena salvar una caravana o un galpón de 3.000 o 5.000 euros porque se exponen a una multa importante, podríamos estar hablando de 10.000 euros, los gastos del abogado y la condena en costas. Eso hace que cada vez más la gente cumpla voluntariamente con estas resoluciones, incluso antes de resolverse el expediente, fijado en un año.

-Aquellas viviendas con expediente de derribo se podrán salvar si el PXOM en su municipio está a punto de aprobarse. ¿Cuántas se podrán beneficiar?

-Somos sensibles a esas posibilidades de legalización. Pero no si alguien con orden demolición viene y nos dice que el ayuntamiento está empezando a redactar el plan. No es lo mismo que esté empezando esa redacción a que esté pendiente de un informe de Patrimonio y que se vaya a aprobar el mes que viene. Es imposible dar una cifra, pero se trata de casos son puntuales.

-En Galicia, con el apego que se tiene a la tierra

-No. Tajantemente, el gallego no incumple más que el andaluz o el extremeño. Cada comunidad tiene sus particularidades: la presión urbanística que soportan los ayuntamientos en Andalucía no es la misma que en los municipios del interior de Galicia. Que puede haber un cierto apego a la tierra y a la querencia a hacer la casa en el terreno que heredé de mis padres? Puede haberla más que en otras comunidades. Pero Galicia es un ejemplo a nivel nacional. No hay ningún organismo en toda España que actúe con nuestras cifras y competencias. Aquí podemos tener una parcelación urbanística con tres viviendas, mientras que en Andalucía son de 800: auténticos pueblos que surgen de la nada ilegalmente. En Valencia, la presión urbanística hace que aparezcan urbanizaciones privadas donde antes no había nada. En Galicia se apostó decididamente por una línea de actuación en el ámbito de la disciplina urbanística muy marcada, con unas competencias definidas. Somos un referente para otras comunidades.

-Galicia fue la primera en crear una agencia urbanística. ¿Cuántas disponen de ella? ¿Se exportará el modelo gallego a otras autonomías?

-Baleares y Canarias tienen un modelo parecido de agencia consorciada. En el resto de comunidades no hay nada. En los encuentros con responsables en otros territorios, se muestran interesadas en copiar el modelo de Galicia, concretamente Valencia ya tiene muy avanzada la constitución de una agencia en nuestra línea.

-Los propietarios de galpones o fines de semana ilegales se quejan de que la APLU se ceba con las pequeñas construcciones y no con grandes complejos.

-Es un sambenito que nos persigue. Totalmente falso. Hay que conocer la realidad. No se puede decir, vais contra el pequeño propietario y luego no tiráis el edificio de Fenosa. Primero, no lo hay que tirar y, en todo caso, no lo tendría que derribar la agencia porque no es de nuestra competencia; como las torres Garañón en Lugo. El propietario que tiene un hotel o una casa espectacular también tiene una orden de demolición, pero a lo mejor ha decidido batallar en los tribunales para salvar su edificación, y al que tiene un pequeño galpón o una caravana no le compensa y no sigue el proceso.

-En años anteriores el porcentaje de causas abiertas tras denuncias de concellos era más alto. ¿Están menos implicados?

-No es una variación significativa. Todos los días llegan denuncias de ayuntamientos y particulares. El descenso del año pasado no quiere decir que de repente hayan dejado de comunicarlo a la agencia. La implicación sigue dándose.

-En la actualidad hay 66 concellos adheridos a la APLU, ¿pocos teniendo en cuenta que hay 200 de pequeño tamaño?

-Trabajamos para incorporar a más. Es una de mis espinitas. Conozco las carencias de los ayuntamientos en inspección y disciplina. Es fundamental su adhesión porque estoy convencido de las ventajas que supone estar adherido a la Agencia. ¡Ojalá pudiéramos decir que están los 313! Algunos ya nos han planeado que fuera obligatorio. Trabajamos día a día para convencer a más alcaldes de los beneficios de estar incorporados. No se nos debe ver como el malo de la película. La agencia soluciona problemas, nadie puede decir que se crea uno cuando se obliga a demoler una edificación ilegal. Al revés, se está resolviendo algo que se hizo mal.

-Desde que se creó la APLU, se recaudaron más de 9 millones en multas

-Es complicado saberlo. Una vez que los propietarios no pagan en el periodo voluntario, la sanción se envía a Facenda para que proceda a su cobro por vía ejecutiva. El que no la pague voluntariamente, no quiere decir que no se le vaya a cobrar; y en vía ejecutiva es más cara porque se suma el recargo y los intereses. Una multa de 1.000 euros, puede acabar en 1.800-2.000, el doble.

-¿Qué porcentaje se cobra vía ejecutiva?

-El año pasado, un 40%. Bien porque deciden no pagar o bien porque no tiene medios. ¿Un porcentaje elevado? El 60% restante lo hace de manera voluntaria. Lo bueno sería no tener que poner multas.

-¿Pone fecha de caducidad a la APLU porque ya no se cometen irregularidades urbanísticas?

-Cuando hay una ley, siempre va a haber incumplimiento. Nuestra labor va calando y esperamos que haya cada vez menos irregularidades urbanísticas. Es como en Tráfico, siempre habrá sanciones porque siempre habrá alguien que se salte la norma. Nuestra aspiración ir hacia la demolición o expedientes cero. Y luego está nuestra segunda labor, que es asesorar a los concellos adheridos. Desde ese punto de visto tenemos APLU para rato porque está la necesidad de que los ayuntamientos se sientan asesorados y asistidos. Y por otro lado, la labor de inspección va a seguir ahí.

-¿Qué objetivo se marca?

-La agencia tiene pocos años, no llegamos a los diez. Queda camino por recorrer en Galicia pero mucho más en el resto de comunidades, que van muy por detrás nuestra en la protección del territorio; y algunas nos triplican en población y presupuesto. La concienciación es fundamental para lograr el objetivo de la demolición cero, sobre todo a las nuevas generaciones. Aspiramos a que dentro de 20 años a nadie se le ocurra hacer nada en contra de la norma porque sabe que tiene unas consecuencias negativas.