Tres empresas con sede en Ribeira y otras tres radicadas en la comarca de Vigo acaban de ser sancionadas con 2,45 millones de euros por el Ministerio de Pesca en el marco de la operación Sparrow 2 contra la pesca ilegal. El Gobierno multa además con 2,88 millones a seis personas encargadas de estas firmas supuestamente propietarias de dos buques que se dedicaban a la pesca pirata en aguas del océano Antártico: el Viking y el Seabull 22, ambos ya fuera de servicio.
El Ministerio llegó a esta resolución tras las inspecciones realizadas los días 28, 29 y 30 de julio de 2015 en las sedes de varias empresas. En las mismas se obtuvo "abundante documentación" que destapó el entramado empresarial presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades la propiedad y gestión de los dos barcos. En concreto se trata de las firmas Insuabela, Baymarten Inversions y Lastiff en el caso de Ribeira y de Capensis Trade, World Ocean Fishing y Global Sea Trading en el de Vigo.
Algunas de las firmas estaban relacionadas entre sí e incluso entre los directivos propietarios de los barcos a lo largo de la historia (ya que tuvieron diferentes empresas, nombres y banderas) existió conexión con Vidal Armadores, el grupo que ya recibió una sanción de 17,8 millones del Ministerio que afecta a nueve empresas y siete personas relacionadas con su entramado societario.
Tanto el Viking como el Seabull 22 fueron sorprendidos mientras pescaban en aguas reguladas por la Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (Ccamlr) merluza negra o austromerluza, de gran valor comercial.
El Viking era un barco de 70 metros de eslora que tenía el honor de ser el primer buque para el que se emitió una "notificación Púrpura" de la Interpol a petición de las autoridades noruegas, en 2013. Más tarde, en marzo de 2015, fue detenido por Malasia y tras pagar una multa de 71.500 dólares fue liberado. Sin embargo, Indonesia no fue tan laxa un año después y puso fin a sus actividades furtivas al arrestarlo y hacerlo saltar por los aires con explosivos.
El Seabull 22 fue desguazado en Cabo Verde y visto por última vez en 2015, cuando la organización ecologista Sea Shepherd lo localizó en estado ruinoso en Mindelo, ciudad del país africano.
Además de las seis empresas multadas, otras seis personas físicas vinculadas a éstas fueron sancionadas como responsables de mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria e internacional. A los 5.270.002 euros se unen 60.000 más por obstrucción a la justicia y destrucción de documentos a otra persona y sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 14 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los 5 y los 12 años.
La resolución, indica el Ministerio, pone de manifiesto, una vez más, la firme voluntad de España de luchar contra la pesca ilegal mediante el control de los buques de bandera española, sus aguas, sus puertos y las importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países.
En Gobierno, sostiene, persigue de forma intensa la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), como ocurrió con el grupo Vidal Armadores, cuya causa fue archivada por el Supremo después de que varios barcos relacionados con la firma fueran interceptados de forma escalonada.
