Los ayuntamientos están a la espera de que Hacienda reforme el impuesto de plusvalía, un tributo que aplican las administraciones locales pero cuya regulación depende del Estado. Nada más conocer la sentencia del Constitucional que anula el gravamen en las ventas de inmuebles a pérdidas, los concellos se plantearon paralizar el cobro del tributo hasta que el departamento que dirige Montoro acometa la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Para ello, el Ejecutivo central tendrá que decidir la fórmula que se utilizará para determinar dónde se han producido plusvalías o, por el contrario, una minusvalía con una transacción.
Una de las propuestas remitidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a Hacienda defiende la reforma total del impuesto de plusvalía municipal. Ese cambio no tiene en cuenta el valor catastral, sino que la base imponible se calcularía simplemente como la diferencia entre el "valor de transmisión" (precio de venta) y el "valor de adquisición" (precio de compra). Este sistema no solo gravaría las ventas, herencias o permutas en suelo urbano, como ocurre ahora, sino que se extendería también a cualquier operación en suelo rústico (granjas o prados), tal y como recoge de documento del órgano de poder local, presidido por Abel Caballero.
Desde le Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), imponer una nueva tributación en suelo rústico resulta "perjudicial" para el rural.
