Solo en junio, mes en que comenzaron los primeros paros de los examinadores de Tráfico, el Defensor del Pueblo recibió más de 1.700 quejas ciudadanas por el conflicto laboral que dejó a miles de aspirantes al carné de conducir sin examinar. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, urge a la DGT a adoptar medidas "de forma urgente" para así "normalizar la situación lo antes posible".
Tras las quejas recibidas en junio, el Defensor del Pueblo pidió información a Tráfico sobre los avances en la negociación con los convocantes de la huelga. Preguntó sobre las principales demandas planteadas por el colectivo y los compromisos de subida salarial asumidos por la DGT. También requirió información sobre las reuniones celebradas y sobre la posibilidad real de alcanzar un acuerdo en las próximas fechas. El Defensor del Pueblo también se interesó por el posible déficit estructural que soporta la plantilla de examinadores de tráfico, tras tener conocimiento de que no se habrían cubierto las plazas por jubilación ni reforzado el personal en función de la demanda existente.
Acciones legales de las autoescuelas
En la asamblea general convocada para el miércoles día 30, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) estudiará qué tipo de acciones legales emprenderá tras la falta de acuerdo ayer entre DGT y examinadores. Entre las opciones que se plantean está la demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial e incluso una vía extrajudicial para los examinadores a través del acto de conciliación, según fuentes jurídicas. Tras los paros convocados en plena temporada alta, los centros de formación denunciaron el desplome de ingresos y la caída en picado de las matriculaciones, una situación que ya ha provocado el cierre de autoescuelas en comunidades como Cataluña y amenaza con el despido de personal a partir de septiembre.
