28 de diciembre de 2017
28.12.2017

La Xunta dejará de gestionar el 63% del monte que explota y lo devolverá a los comuneros

Más de 200.000 hectáreas de bosque pasarán a manos de las mancomunidades en veinte años - Medio Rural alega que no tiene "medios suficientes" para hacerse cargo

28.12.2017 | 11:38
Comuneros en un monte vecinal en Vimianzo.

El abandono de los montes vecinales gallegos llevó a la Administración autonómica a hacerse cargo desde hace décadas de la gestión de buena parte de estos terrenos forestales que las mancomunidades no eran capaces de atender. Más de 315.000 hectáreas pasaron a estar bajo la tutela de la Xunta, con el objetivo de ordenarlos. Sin embargo, la Consellería de Medio Rural ha decidido retirarse ahora de la gestión de 200.000 hectáreas de estos montes, dos tercios de los que están bajo su amparo. Su intención es que vuelvan a manos de los comuneros. Y lo hará de forma progresiva de aquí hasta el año 2037.


Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez alegan que estos bosques cuentan ya con instrumentos de gestión forestal y dan por culminado su trabajo. En el documento del Plan Forestal apuntan directamente a la insuficiencia de medios para asumir la gestión pública de estos montes. "Si no se disponen de medios suficientes para un buen ejercicio de la gestión pública en montes de terceros no conviene ampliar la superficie de gestión pública e incluso es mejor reducirla", señalan.


Su objetivo es quedarse solo con 115.000 de las 315.000 hectáreas que gestiona. En los primeros cinco años traspasará a sus propietarios la explotación de 45.000 hectáreas, en los cinco años siguientes otras 55.000. Y en la década siguiente se devolverán 100.000 hectáreas más.


Esto supone un cambio de estrategia importante. En vez de asumir la gestión directa de estos montes, muchos de ellos en completo estado de abandono cuando estaban en manos de las comunidades vecinales, la Xunta prefiere reorientar "las inversiones y presupuestos públicos a fomentar iniciativas de movilización de propiedades forestales privadas para impulsar actividades económicas sostenibles, que sean viables, rentables y competitivas".


Sin embargo, el propio documento del Plan Forestal reconoce al mismo tiempo la desorganización y la falta de recursos de las comunidades de montes.


En Galicia hay 3.249 montes vecinales, propietarios de 666.000 hectáreas de bosque en Galicia, es decir, el 32,8 por ciento de la superficie forestal gallega. Y, sin embargo, muchas de estas organizaciones de comuneros ni siquiera disponen de órganos de gobierno. Según los datos de Medio Rural, un 10% no tiene estatutos, el 34% carece de una junta rectora, otro 10% no dispone de un censo de vecinos comuneros y un 50% no lo tiene actualizado. En estas condiciones, es difícil que puedan gestionar con eficacia los montes de su propiedad.


Y ahora además deberán asumir otras 200.000 hectáreas que la Xunta dejará de gestionar. La Consellería de Medio Rural intenta presionar a las mancomunidades a ponerse las pilas advirtiéndoles de que si no cuidan el monte, el Gobierno gallego podrá declararlo en estado de abandono y ceder su gestión al Banco de Terras.

Banco de Terras


La diferencia con los convenios suscritos hasta ahora por los que la Administración autonómica tutelaba los montes vecinales es que si pasan al Banco de Terras no serán explotados por un organismo público sino que se alquilarán a terceros para que les saquen rendimiento. De esta manera, la explotación de estos terrenos no será un lastre para las arcas de la comunidad autónoma.


Pero además también cambiará la fórmula para gestionar las otras 115.000 hectáreas de monte vecinal que quedarán en manos de la Xunta. Los convenios por los que las mancomunidades cedían la explotación de estos terrenos a Medio Rural se transformarán ahora en contratos temporales de gestión pública y ahí es donde la Organización Galega de Comunidades de Montes ve una puerta abierta a que se privatice su gestión. La Lei de Montes estipula que mediante estos contratos la explotación forestal "podrá ser realizada por la administración, bien directamente o por medio de sus entes instrumentales bien por terceras personas físicas o jurídicas que desempeñen actividad en el sector forestal mediante cualquier negocio jurídico admitido a derecho".

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