El Concello de Vigo mantiene que la ley de la Xunta que suprime el requisito de empadronamiento para acceder a los descuentos del transporte público es "inconstitucional". No obstante, el alcalde vigués, Abel Caballero, reiteró ayer que se cumplirá "de inmediato" la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo que decretó como medida cautelar la eliminación del requisito del empadronamiento para la Pass Vigo. El mismo tribunal resolvió en abril del año pasado suspender el área metropolitana a raíz de un recurso de la Xunta por la no integración de la ciudad viguesa en el transporte metropolitano. El regidor vigués insistió ayer en que lo primero que debe hacer el Gobierno gallego es reponer el área metropolitana "que impugnó".

Por eso, desde ayer ya se están recogiendo solicitudes de acceso a la PassVigo de vecinos de otros municipios. Estos nuevos beneficiarios en lugar del billete ordinario a 1,35 euros abonarán 89 céntimos al igual que los vigueses. El Concello asegura que este cambio legal introducido hace un año tendrá un coste de "cientos de miles de euros" que se abonarán desde las arcas municipales para cumplir con la orden judicial y que luego se reclamarán al Ejecutivo autonómico. Así lo advirtió ayer Abel Caballero tras explicar que a partir de ahora se podrán definir con claridad los titulares de la tarjeta censados en la ciudad y los de fuera.

Caballero defendió el empadronamiento como "un criterio común en la gestión de las políticas municipales" y un pilar de la autonomía local. Así se lo intentaron hacer ver desde Vigo al magistrado que lleva el caso. La apertura de la tarjeta ciudadana a cualquier solicitante es una medida cautelar y ahora el juez tendrá que abordar la cuestión. Hasta entonces, el regidor insistió en que "se atenderá a lo que dicen los jueces" y responsabilizó a Feijóo de los costes económicos que acarreará para la ciudad por el cambio legal que introdujo.

El alcalde cuestiona el "trato diferencial a la ciudad de Vigo" pues compareció ayer con los pliegos de los bonos de transporte de una docena de ciudades españolas y de A Coruña, Ourense, Santiago y Lugo porque también restringen parte de sus descuentos a las personas inscritas en el padrón. "Feijóo quiere que Vigo le pague el autobús a todos los pensionistas con nuestros impuestos", denunció el regidor. La norma que obliga a cambiar los criterios de la PassVigo es autonómica y podría poner en cuestión las limitaciones aplicadas en cualquier ciudad, pero Caballero zanjó que no se plantean denunciar. Se centrarán en defender la "inconstitucionalidad" de la norma.

También valoró el auto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que la resolución judicial "es positiva "para el día a día de la ciudad de Vigo". El presidente gallego tildó de "sorprendente" que un alcalde -en alusión a Caballero- esté "en contra de cumplir la ley y las sentencias". El mandatario autonómico aseguró que las críticas del regidor vigués a las medidas cautelares adoptadas por el magistrado suponen "una vuelta de tuerca más dentro de la huida hacia ningún sitio del gobierno en la ciudad". En su argumentación, Feijóo recordó que existe "la misma legislación para todos y el mismo transporte para todos" y que es aceptado por todos los ayuntamientos pese a las diferentes formaciones políticas que los gobiernan.