La huelga histórica en la Administración de Xustiza que se desconvocó el pasado viernes paralizó los juzgados y registros civiles gallegos durante más de tres meses, una protesta que provocó la suspensión de más de 17.000 juicios y decenas de miles de trámites. Después de que el conflicto se cerrase con una oferta que supone un aumento salarial de entre 120 y 140 euros al mes, según la categoría, ahora el Gobierno gallego y tres de los siete sindicatos que aceptaron la propuesta de la Xunta deberán volver a sentarse para decidir cuándo se hará efectivo el acuerdo y cómo llevar a cabo el plan de recuperación del trabajo. Desde UGT -una de las organizaciones que in extremis dieron luz verde a la oferta- destacan que ya el viernes solicitaron que la aplicación de la subida fuese efectiva este mes además de la convocatoria "inmediata" de la comisión de seguimiento integrada por la Dirección Xeral de Xustiza y las centrales adheridas al acuerdo. Pero por ahora -señalan- están a la espera de que la Xunta los convoque para ratificar la propuesta.
El fin de la huelga no significa que terminen las negociaciones entre ambas partes, ya que en esa comisión de seguimiento también se abordará cómo se llevará a cabo la recuperación del 80% del trabajo acumulado por el paro, cifra que señaló de forma genérica el Ejecutivo autonómico en su oferta. Antes la Comisión Mixta, formada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), deberá abordar la carga de trabajo acumulada y la necesidad de llevar a cabo un plan de recuperación que, en principio, se da por hecho. Este organismo se reunirá hoy para evaluar el estado de los órganos judiciales.
Luego será en la comisión de seguimiento donde Gobierno gallego y los sindicatos vuelvan a sentarse para pactar cuándo y cómo poner al día el trabajo atrasado. Y determinarán si se hace a través de horas extras o prolongando la jornada laboral, ya que las tarifas varían según la opción. La Xunta sí avanzó en su propuesta que a este plan podrán unirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro.
Aunque todavía no se ha firmado el acuerdo, la Administración autonómica publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que deja sin efecto los servicios mínimos fijados el pasado 7 de febrero cuando arrancó el paro indefinido en el sector. La Xunta explica en este escrito que algunos sindicatos han dejado ya el comité de huelga y aconsejado a sus afiliados reincorporarse a sus puestos. Así lo hicieron la semana pasada CCOO y UGT y ayer se les unió SPJ-USO. Son precisamente las tres centrales que aceptaron la oferta de la Xunta. En el comité siguen Alternativas da Xustiza-CUT, CSIF, STAJ y CIG, que mantienen el paro pese a que el seguimiento bajó del 46% al 3,8%. Los sindicatos del comité de huelga se reunirán también hoy y analizarán impugnar el acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y tres centrales.
Jueces y fiscales
Por otra parte, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales convocaron para hoy una huelga general en toda España como último movimiento para pedir al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales. Jueces y fiscales concluyen sus protestas después de haber hecho cuatro paros parciales desde el 26 de abril y que se repitieron cada jueves durante un mes.
