Prevención y sanción. La combinación de ambos factores, sobre todo los mecanismos de control en las distintas administraciones, ha sido clave para reducir las estadísticas de corrupción en Galicia. Tras años de continuos aumentos de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias o cohecho, entre otros, por tercer ejercicio consecutivo la comunidad cerró 2017 con un descenso de las corruptelas cometidas por cargos públicos, funcionarios o empresarios. A los juzgados gallegos llegaron el año pasado un total de 156 causas de corrupción, un 18% menos que las 191 abiertas el ejercicio anterior y la tercer cifra más baja del lustro. En los últimos cinco años, en la comunidad gallega se abrieron 1.014 investigaciones por este tipo de ilícitos penales, pero durante este periodo tan solo 135 casos -el 13%- fueron llevados a juicio, según datos facilitados por la Fiscalía Superior de Galicia. O lo que es lo mismo, casi el 90% de los delitos de corrupción destapados entre 2013 y 2017 no sentaron en el banquillo a ninguno de los acusados, bien porque aún continúa abierto el proceso de instrucción o bien porque finalmente se ha dado carpetazo al asunto tras no hallar responsabilidad alguna de los investigados.
Y la cifra de sentencias dictadas sobre este tipo de ilícitos penales es todavía más baja: 73 fallos en cinco años, apenas una media de 15 cada ejercicio frente a las más de 200 investigaciones abiertas en la comunidad cada año por delitos de corrupción. Es decir, todavía no se resolvieron ni la mitad (48%) de asuntos por corrupción que ya han sido llevados a juicio durante los últimos cinco años.
El balance de este lustro refleja las eternas instrucciones de las causas de corrupción. La espera para los imputados y la acusación es larga: al menos cuatro años tarda una investigación de este tipo en llegar a juicio. Una dilación que, según advierten desde hace años jueces y fiscales, amenaza con dejar impunes a los investigados ya que cuanto más se alargue un proceso, más posibilidades hay de que ocurra algo o se comenta algún tipo de error que invalide la causa en su totalidad o en parte.
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Incluso estas demoras en la instrucción, la celebración del juicio y finalmente la sentencia hacen que la condena pierda su función ejemplarizante ante la sociedad. Y en la mayoría de las vistas por corrupción, los cargos públicos investigados ya están fuera de la vida social cuando se resuelven los casos en los que se han visto implicados y los ciudadanos ya habrán ajustado cuentas al menos dos veces en las urnas con los diferentes partidos.
La prevaricación, a la cabeza
De los 156 delitos de corrupción incoados el año pasado en Galicia el grueso son por prevaricación administrativa. Casi el 60% del total: 89 investigaciones abiertas por este ilícito penal, diez menos que el ejercicio anterior. Muy de lejos le siguen en la tabla de corruptelas del mapa autonómica el blanqueo de capitales (23 asuntos, casi el 15% de este tipo de delitos); el cohecho (16, cinco menos que en 2016), la malversación (13, la mitad que el ejercicio anterior); el tráfico de influencias (10 frente a los 27 casos destapados un año atrás). Y finalmente por alteración de precios en concursos y subastas públicas llegaron a los juzgados gallegos tres asuntos, y por negociaciones prohibidas a los funcionarios, dos. En ninguno de estos dos delitos se habían detectados casos en 2016.
Y de las causas que ya fueron llevadas a juicio el año pasado en la comunidad, la mayoría fueron por blanqueo (32% del total), prevaricación administrativa (21,43%) y malversación (casi 18%).
En el conjunto de los asuntos incoados el año pasado en Galicia (más de 86.300) -según datos de la Fiscalía-, los relacionados con la corrupción suponen el 0,18%.
Por provincias, A Coruña concentra el 34% de los delitos de corrupción destapados en todo 2107 en Galicia, con 53 investigaciones abiertas. Junto con Pontevedra -50 causas-, los ilícitos penales de este tipo suman en ambas provincias casi el 70% de los registrados el año pasado en la comunidad. Cierran la lista autonómica los delitos incoados en los juzgados de Lugo (32) y de Ourense (21).
